Bajémonos un poquito de la euforia que nos produce saber que vencimos al socialismo en las urnas y que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de este país. Recordemos que recibirá un país con una cantidad de asuntos críticos, uno de ellos en el sector energético, que, si no se empieza a solucionar pronto, terminará en un apagón nacional.

El sistema eléctrico abastece a 52 millones de colombianos. Un apagón no solo dejaría sin luz a nuestros hogares; también afectaría hospitales, sistemas de agua potable, transporte, telecomunicaciones, comercio y el aparato productivo.

Durante la pandemia el Gobierno congeló las tarifas de energía para aliviar el bolsillo de los colombianos. Creó la “opción tarifaria”, un mecanismo que evitó el aumento de los recibos en ese momento, pero comprometió a los usuarios a pagar esa diferencia en los años siguientes. Más adelante, el Gobierno de Petro anunció que asumiría esa deuda para los estratos uno, dos y tres, especialmente en la Costa Caribe. Se trataba de más de $2 billones que nunca pagó.

Pero ese es apenas uno de los problemas. Las empresas comercializadoras atraviesan una crisis de liquidez. Asocodis, gremio que las representa, daba cuenta en abril de saldos pendientes de recuperar por más de $5,1 billones: $2,1 billones por la opción tarifaria, $1,6 billones por subsidios que en ese momento el Estado no les giraba y $1,4 billones por deudas de entidades públicas y otros usuarios protegidos.

Entre las empresas en dificultad está Air-e, que se ha quedado sin flujo de caja pese a haber sido intervenida por el Gobierno, que incluso amenaza con liquidarla. Como ocurrió con las EPS: primero inducen la crisis y luego aparecen con el “salvavidas” de la intervención. Pero el problema ya no es solo Air-e. Su deuda con el mercado ya supera los $2,2 billones y el Gobierno ha expedido decretos que obligan a las generadoras a seguir suministrándole energía incluso sin recibir pago.

Es decir, el problema financiero ya se trasladó a toda la cadena del sistema eléctrico.
Por falta de recursos, las comercializadoras no han logrado contratar toda la energía que necesitarán para 2026 y 2027 y, si a eso le sumamos que estamos ad portas de sufrir un fenómeno de El Niño, las consecuencias solo empeoran.

Cuando llega El Niño, las plantas térmicas se convierten en la columna vertebral del sistema. Pero no producirán energía suficiente. Por eso las comercializadoras deberán comprar entre 28% y 45% de la energía en la bolsa, donde los precios se dispararán por efecto de El Niño.
Es decir, justo cuando más vamos a depender de las térmicas, el sector llegará con empresas desfinanciadas, alta exposición a los precios de bolsa y una cadena de pagos seriamente deteriorada.

Pero la realidad es que ya vivimos un apagón parcial. Hace unas semanas estuve en Valledupar y durante mi estadía la ciudad sufrió cortes de energía. Hoy esos apagones se disfrazan de mantenimientos o reparaciones, pero múltiples sectores de la Costa padecen interrupciones casi a diario.

Si esta crisis no se empieza a resolver antes de que llegue El Niño, el riesgo de un apagón nacional dejará de ser una advertencia para convertirse en una posibilidad real. Confío en que Abelardo nombre un ministro de Minas y Energía que esté a la altura de lo que se viene.