Hace unos días, El Colombiano reveló que el gobierno nacional manifestó su apoyo a la contrarreforma pensional que el Centro Democrático presentará ante el Congreso. De ser cierto, esto es, sin duda, lo que tanto esperábamos los votantes de De la Espriella y los defensores del ahorro pensional.
Desde #NoConMiAhorro entregamos nuestra propuesta a algunos representantes del partido y estamos expectantes por conocer la versión final que presentarán en las próximas semanas.
Sin embargo, como están las cosas, incluso nuestra contrarreforma -eliminar el semicontributivo, devolverles a los afiliados la libertad de elegir su régimen y establecer un tope de cotización para quienes elijan la prima media- será insuficiente para resolver el problema de sostenibilidad del sistema. Como lo dijimos en campaña, mitigará los peores perjuicios de la reforma de Petro y ayudará a evitar las megapensiones, pero no bastará.
La reforma realmente necesaria, probablemente, no llegará en este gobierno ni en el próximo. Hablo de una medida sumamente impopular, pero eficiente: extinguir para siempre el régimen de prima media en Colombia.
En un país que enfrenta una crisis demográfica, no hay forma de sostener indefinidamente una pirámide como la de prima media si no nacen suficientes hijos. La salida es transformar Colpensiones en una administradora pública de fondos de pensiones. Cuidado: no hablo de privatizarla, sino de convertirla en una AFP que compita en igualdad de condiciones con las privadas y ahorre e invierta las cotizaciones de sus afiliados.
Las cifras muestran la urgencia. Según MinHacienda, las transferencias del PGN a Colpensiones pasarán de $9 billones en 2017 a $41 billones en 2027, en pesos corrientes. En términos reales, el aumento será de 177%. Si seguimos así, Colpensiones no solo se quebrará, sino que quebrará todo el Estado.
El camino es el ahorro. Sí, es impopular: significa eliminar de facto los futuros subsidios que muchos afiliados esperan recibir. Pero ese es precisamente el incentivo perverso de la prima media: pensiones que no corresponden al ahorro de cada persona, sino a lo que el Estado completa con los impuestos de todos. Con ahorro individual, la pensión reflejará lo que cada trabajador acumuló y los rendimientos que obtuvo a lo largo de los años.
Hay, sin embargo, una deuda que heredamos. Según la misma cartera, el costo anual de las pensiones a cargo de Colpensiones ronda los $95 billones. Sin ahorro suficiente para respaldar esas obligaciones, la factura seguirá recayendo sobre el Estado y los contribuyentes durante décadas.
Esa deuda ya está causada, y la tenemos que asumir.
Será impopular, además, porque será costosa en el corto plazo. Si las nuevas cotizaciones van a cuentas de ahorro individual, dejarán de financiar las pensiones actuales y el Estado tendrá que cubrir la diferencia. Asumir ese costo será cortar el problema de raíz y abrir el camino para sanear las finanzas públicas a largo plazo, para mi generación y las que vienen.
Se trata de justicia intergeneracional: que cada generación financie su propia pensión.
El problema es que quienes deberán proponer una reforma de este estilo son los mismos políticos a los que les conviene mantener los incentivos perversos que hoy ofrece la prima media.
Siendo así, me pregunto: ¿cómo vamos a esperar que sean ellos mismos quienes quieran acabarla?