Siempre tuvimos la razón

En campaña presidencial, Gustavo Petro propuso una reforma pensional basada en un sistema de pilares: uno solidario, otro contributivo y uno de ahorro individual. Planteó que los colombianos cotizáramos obligatoriamente nuestros primeros cuatro salarios mínimos en Colpensiones, prometió un bono mensual de $500.000 para quienes nunca habían cotizado y aseguró que quienes no alcanzaran las semanas recibirían una renta a cargo del Estado.

Desde el inicio era evidente que se trataba de una propuesta confiscatoria del ahorro pensional. Fue en ese contexto, en 2022, cuando nació #NoConMiAhorro. Desde este movimiento nos opusimos con argumentos y pedagogía, advirtiendo que el Gobierno no solo eliminaría la libertad de elección sobre nuestras cotizaciones, sino que, al obligarnos a cotizar en Colpensiones, impediría el ahorro de la mayoría de los colombianos. En otras palabras: ir por todos los flujos futuros de cotización.

Y ahora vemos, ¡oh sorpresa!, cómo no solo van por los flujos, sino también por el stock.

También advertimos que los más afectados seríamos los jóvenes, obligados a sostener una pirámide pensional en un país con una crisis demográfica. En ese momento, Ricardo Bonilla, hoy condenado por la justicia, pero entonces ministro de Hacienda, dijo que el ahorro se agotaría en 2070. Lo que significa que mi generación -los que hoy tenemos menos de 20 años- cotizará toda la vida para no recibir una pensión. Ellos y quienes apoyaron esa iniciativa nos condenaron a eso.

La propuesta, de hecho, fue ampliamente acogida en círculos tecnocráticos y “centristas”. Solo había discusión sobre el umbral; de resto, hubo gran consenso. Sergio Fajardo y Mauricio Cárdenas respaldaron esquemas prácticamente idénticos, pero proponiendo un umbral de dos salarios mínimos en lugar de cuatro. Al final, la reforma aprobada fijó uno de 2,3. Es decir, terminó pareciéndose más a lo que proponían ellos que al diseño original de Petro.

En 2023 se radicó el proyecto formal y, con él, se consolidó el componente más problemático: el pilar semicontributivo. Advertimos entonces que el Estado se apropiaría de la devolución de saldos de quienes no lograran pensionarse, reemplazándola por una chichigua vitalicia que partiría en $82.000, no heredable, y que quedaría en manos de Colpensiones a la muerte del afiliado. Nos llamaron mentirosos. Medios como Colombia Check, Cuestión Pública y Rtvc intentaron deslegitimarnos, y no fueron los únicos.

Sectores tecnócratas que respaldaron la reforma nos atacaron en jauría. Hoy, varios años después, la realidad nos da la razón.

Después de repetir que “no expropiaría”, Petro no solo impulsó una reforma confiscatoria, sino que su plan ha avanzado mediante decretos. El 1481, ya expedido, quiebra a las AFP y nos deja sin seguro previsional. Otro busca repatriar cerca de $200 billones del ahorro, en la práctica, nacionalizándolo. Y el más reciente -abiertamente cuestionado por su legalidad- pretende disponer de $25 billones en plena coyuntura electoral. A esto se suma la intención de intervenir recursos pensionales como los del Fomag.

Quienes defendieron, maquillaron o minimizaron esta reforma quedarán registrados como lo que fueron: cómplices de la confiscación del ahorro pensional.