Según Transparencia Internacional, para el último año evaluado (2016), Colombia se ubica en el puesto 90 en el ranking que mide la percepción de corrupción en el mundo, con una calificación seis puntos por debajo de la media global. Un año atrás (2015), tuvimos el escaño 83. Por este motivo, teniendo en mente estos datos y bajo el actual panorama de indignación nacional, lo más probable es que en la próxima medición haya un retroceso mayor.

Sin embargo, este aumento en la percepción de corrupción ha cambiado significativamente la perspectiva pública sobre la materia, porque aún excluyendo el usual oportunismo político que tiene este tema en tiempos previos a elecciones, se ha elevado sustancialmente el nivel de indignación pública, que, apoyado por las facilidades comunicativas de los medios tecnológicos, ha puesto forzosamente la lucha contra la corrupción en la agenda política.

Ahora bien, entre las mil variables que propician la corrupción nacional, como la falta de valores, la impunidad y la falta de transparencia, hay una causada por una falla en el control ciudadano, y es la falta de uso de herramientas para vigilar las políticas públicas, que tiene una solución aparentemente sencilla.

Según el profesor Noel Andrade, en su libro “Políticas Públicas”, hay por lo menos seis tipos de instrumentos de intervención del Estado que son de ayuda para la revisión de las políticas: instrumentos prescriptivos, materiales, de coordinación, de delegación a socios, de incentivos y de organización y procedimiento.

No obstante, hay un instrumento muy conocido por su sencillez y eficacia para realizar este control, denominado Policy Cycle. Esta herramienta consiste en hacer una descomposición de la política pública para facilitar su evaluación, pero no en las temáticas o campos de acción, sino en las etapas del desarrollo, es decir, por medio de cinco fases básicas: identificación del problema, formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación.

Para valorar la implementación, es necesario determinar si una vez se escogió el camino más propicio para cumplir con los objetivos de la política pública se llevaron a cabo los procedimientos de ejecución y gestión para la implementación de lo estipulado. Una vez se evalúa toda la implementación, se debe revisar el procedimiento que se siguió para verificar la idoneidad del mismo, y así examinar el cumplimiento de los resultados esperados con el plan y las estrategias desarrolladas.

Ahora bien, aunque en ocasiones este método resulta ser muy idealizado porque las fases no siempre guardan una cronología lineal, o en ocasiones es posible omitir fases, es un instrumento de fácil aplicación para todo público. Con esto, las instituciones públicas, privadas y los particulares pueden ser parte de la solución ayudando al control de la gestión administrativa por medio de una sencilla herramienta de desagregación que permite vigilar complejos programas estatales que concentran parte de la corrupción.