Hace 100 años, nuestro país atravesaba por un periodo marcado por dificultades económicas asociadas a los efectos de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad monetaria, así como a la imperiosa necesidad de acceder a los mercados internacionales de deuda.
Ese contexto propició la conformación de la misión encargada por el presidente Pedro Nel Ospina y que lideró Edwin Walter Kemmerer, quien, con ánimo reformista, en poco tiempo preparó las recomendaciones que sustentarían los proyectos de ley que dieron origen, el 23 de julio de 1923, al Banco de la República, establecido como emisor exclusivo de la moneda, prestamista de última instancia y administrador de las reservas soberanas.
Además de establecerse las funciones del Banco Central y que este evitara una crisis financiera debido a la quiebra del banco López, se creó la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, y el Departamento de Contraloría, hoy Contraloría General de la República, que se encargó de realizar el control fiscal del Estado.
A través de la historia, estas entidades experimentaron cambios influenciados por los nuevos paradigmas económicos y de gobernanza, así como por la evolución en nuestro estado de desarrollo. De impulsar el crecimiento económico por medio del crédito de fomento, enmarcado en el modelo desarrollista, presentar niveles de inflación moderados frente a pares regionales y contar con un sistema financiero eminentemente nacional, pasamos, a partir de la década de los noventa, a tener un banco central independiente, mayor estabilidad de precios y un ecosistema financiero más competitivo e innovador.
Estos cambios institucionales también se vieron, no obstante, suscitados por crisis como las que el sector bancario experimentó en 1982 y 1999, las únicas que se dieron en el siglo pasado. Las valiosas lecciones aprendidas a partir de estas son precisamente las que contribuyeron a consolidar la robustez de nuestro sistema financiero, uno de los más sólidos y resilientes de la región ante choques económicos, como los que generó la pandemia.
Si bien es cierto que existe margen de mejora en materia de superación de la pobreza, equidad, inclusión financiera y eficiencia del gasto público, por solo mencionar algunos frentes, es justo reconocer que la fortaleza de nuestras instituciones económicas, uno de los fundamentos de una democracia moderna, es tal vez nuestro activo más valioso, y ciertamente uno de los grandes anhelos de cualquier país emergente.
Refrendar el legado de la Misión Kemmerer 100 años después es una buena manera de mostrar nuestro compromiso con la defensa de nuestra institucionalidad, la cual, dicho sea de paso, nos permitirá preservar la estabilidad macroeconómica y hacer frente a los múltiples desafíos que hoy como país seguimos enfrentando.