El año 2028 representa un doble desafío para Colombia. Mientras nuestros mejores atletas competirán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles después de años de preparación, el país afrontará la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este ejercicio medirá la efectividad del sistema de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). En ambos casos, el resultado no dependerá de lo realizado el día de la competencia, sino del trabajo llevado a cabo durante los años previos.
Como ocurre en el deporte olímpico, esta evaluación también tiene su propio medallero. En la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, realizada en 2018, Colombia obtuvo resultados mixtos y quedó lejos del podio. El país ocupó el puesto 59 entre cerca de 200 jurisdicciones y el quinto lugar en América Latina. Los resultados evidenciaron fortalezas, pero también señalaron los ámbitos en los que debemos concentrar nuestros esfuerzos si queremos mejorar nuestra posición internacional.
Los grandes logros deportivos no son producto del azar. Detrás de cada medalla hay años de entrenamiento, perfeccionamiento técnico y competencias clasificatorias que permiten medir el desempeño antes del certamen definitivo. La preparación para la Evaluación Mutua exige exactamente lo mismo.
Colombia ya inició ese proceso. La reactivación del Comité Intergremial del Sector Financiero, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, las capacitaciones especializadas y el acompañamiento de expertos internacionales forman parte de ese entrenamiento permanente. A ello se suman las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR), que permiten reconocer fortalezas, identificar y cerrar brechas, y orientar las acciones que deberán implementarse antes de 2028.
Sin embargo, entrenar no es suficiente. La pregunta de fondo es qué necesita Colombia para subir al podio. La respuesta puede resumirse en tres prioridades.
La primera es fortalecer la efectividad del sistema LA/FT/FPADM. La próxima evaluación ya no se concentrará únicamente en verificar la existencia de normas o instituciones, sino en demostrar que estas producen resultados concretos. Será necesario fortalecer la investigación, judicialización y sanción del lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como avanzar en la reglamentación del delito de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La segunda prioridad es mejorar la transparencia de la información sobre los beneficiarios finales. Facilitar el acceso a un registro oficial y fortalecer la calidad de la información disponible permitirá contar con mejores herramientas para el análisis de riesgos y contribuirá a elevar la efectividad del sistema.
La tercera será avanzar en la regulación de los activos virtuales y de sus proveedores de servicios, así como desarrollar lineamientos específicos para gestionar los riesgos asociados al uso de stablecoins. Se trata de un desafío cada vez más relevante en la lucha contra las finanzas ilícitas.
Aunque 527 días pueden parecer mucho tiempo, en realidad no lo son frente a la magnitud del reto y a los ajustes que todavía deben realizarse para llegar a 2028 en las mejores condiciones. La próxima Evaluación Mutua pondrá a prueba la capacidad del país para demostrar la efectividad de su sistema de prevención del LA/FT/FPADM.
Alcanzar un mejor resultado dependerá del trabajo articulado entre las autoridades y el sector privado, de la capacidad para cerrar las brechas identificadas y de una preparación permanente. Como en los Juegos Olímpicos, el lugar que ocupe Colombia no se definirá el día de la competencia, sino en el entrenamiento, la disciplina y el trabajo constante que emprendamos desde hoy.