Las Finanzas Abiertas se han convertido en una de las grandes promesas para cerrar la última milla de la inclusión financiera en Colombia. La segunda versión del proyecto de decreto sobre este tema, publicada recientemente por el Gobierno, llega en un momento decisivo para enfrentar los retos que persisten, en especial las brechas que separan el crédito rural y el acceso financiero de los jóvenes. La nueva regulación no se limita a ampliar la cobertura: propone avanzar hacia una inclusión más justa, donde los servicios financieros no solo existan, sino que respondan de manera efectiva a las necesidades reales de cada persona.
Hasta ahora, la falta de un marco específico para el intercambio seguro de datos financieros había frenado el desarrollo de soluciones verdaderamente inclusivas. Sin reglas claras que permitieran al usuario autorizar el uso de su información de forma estandarizada y confiable, los datos permanecían dispersos, restringidos y poco aprovechados. El nuevo proyecto de decreto plantea una respuesta concreta a este problema, y es la de garantizar que los datos circulen con el consentimiento expreso de su titular, de manera automática y uniforme entre entidades vigiladas y no vigiladas por la Superintendencia Financiera.
El potencial transformador de esta regulación es inmenso: democratiza el acceso a la información financiera. Cuando un banco, una fintech, una aseguradora o una cooperativa pueden consultar datos confiables sobre el comportamiento financiero de un usuario, se multiplican las oportunidades de diseñar productos a la medida, ofrecer mejores tasas y llevar servicios a quienes antes estaban fuera del radar.
La inclusión financiera no se construye sobre cualquier dato, sino sobre información de calidad. El proyecto acierta al reconocer esta premisa al comprometerse con la creación de estándares que garanticen que los datos sean útiles, actualizados, verificables y estandarizados. Sin este principio, cualquier estrategia de inclusión corre el riesgo de ser ciega y de perpetuar las mismas exclusiones de siempre.
Poner al ciudadano en el centro implica, ante todo, reconocerlo como dueño legítimo de su información. En un entorno donde los derechos digitales ganan cada vez más relevancia, el decreto se alinea con las mejores prácticas internacionales al dejar claro que el tratamiento de la información personal dependerá exclusivamente del consentimiento del titular. Aquí, el consentimiento deja de ser un mero requisito burocrático y se convierte en una herramienta real de empoderamiento. Que cada persona decida qué comparte, con quién y para qué no solo fortalece la confianza en el sistema, sino que confirma su papel protagónico en este nuevo ecosistema.
Sin embargo, aunque la creación de un sistema obligatorio de Finanzas Abiertas representa un paso decisivo hacia una inclusión más equitativa, el desafío sigue siendo enorme. Según un estudio de Banca de las Oportunidades, más de nueve millones de colombianos aún carecen de datos financieros crediticios. El verdadero reto será integrarlos. Para lograrlo, será necesario construir una infraestructura de Datos Abiertos que incluya información no financiera, como el historial de compras, el pago de servicios públicos, datos geográficos o los registros de subsidios, que permita trazar perfiles más completos y realistas.
Solo así podremos incorporar a quienes hoy permanecen al margen del sistema financiero formal y avanzar hacia un ecosistema verdaderamente universal.