Hace apenas dos décadas, resultaba impensable que la tecnología permitiría realizar operaciones bancarias de forma digital, inmediata y segura. Hoy, un adulto colombiano efectúa más de 440 operaciones digitales al año, en promedio. En Brasil, el sistema de pagos inmediatos Pix moviliza en ese mismo periodo de tiempo montos equivalentes al PIB de China. Y en la Unión Europea, apenas 1,5 dólares de cada 100.000 transados a través del sistema financiero generan reclamaciones por fraude. Estos hechos, que hoy parecen cotidianos, evidencian una transformación profunda: la tecnología ha revolucionado el sistema financiero global.
Pero, como suele suceder con los grandes avances, la misma tecnología que nos provee digitalización, inmediatez y seguridad también ha sido utilizada por estructuras criminales. El caso de Liberty Reserve, aquella plataforma que permitió blanquear más de USD 8.000 millones, o el ataque del grupo Lazarus al Banco Central de Bangladesh, son solo recordatorios de un fenómeno global. Y Colombia no es la excepción, tenemos varios casos que así nos lo recuerdan.
Pero el sector financiero colombiano no ha estado de brazos cruzados. Lleva más de tres décadas robusteciendo un sistema de prevención que inició con un acuerdo interbancario en 1992, el cual evolucionó al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y hoy se alimenta de una cooperación constante con la Superintendencia Financiera de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Tanto así que la más reciente Evaluación Nacional de Riesgo calificó como “muy alta” la efectividad de los controles de prevención del sistema financiero colombiano. No obstante, no podemos caer en triunfalismos: el Índice AML de Basilea 2024 nos ubica a mitad de tabla, lejos de referentes como Uruguay o Chile.
El camino por recorrer está marcado por tres grandes retos. Primero, mitigar el riesgo de una eventual descertificación por parte del gobierno de Estados Unidos. Segundo, prepararnos para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI en 2028, que se enfocará en la efectividad de las normas existentes y nos exigirá resultados tangibles, como un mayor número de condenas por LA/FT. Y tercero, incorporar las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el análisis de redes, en la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estos desafíos no son menores. Implican un sector financiero dispuesto a reinventarse una y otra vez, a trabajar de la mano con autoridades nacionales e internacionales y sobre todo a entender que la confianza de los colombianos no es un activo estático, es una conquista diaria. El futuro exige audacia, cooperación y la firme decisión de seguir haciendo de la confianza nuestro mayor activo.