El sector financiero colombiano es referente en la región en finanzas verdes. En 2024 la cartera verde llegó a $29 billones, un 4,1% del total de la cartera. Cerca de 75% se destina a proyectos de construcción, energía y movilidad sostenible, con la mitigación del cambio climático como objetivo primordial. El reto ahora es destinar más recursos a otros objetivos ambientales, como la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
La diferencia de movilización de recursos entre mitigación y otros objetivos no es exclusiva de Colombia. Según Climate Bonds Initiative, la mayoría del financiamiento temático se dirige a bonos verdes enfocados en mitigación. Esto ocurre porque es difícil valorar económicamente los beneficios de los servicios ecosistémicos, como la polinización de las abejas, por ejemplo, mientras que proyectos de energía renovable cuentan con cierres financieros claros. Estamos ante una externalidad positiva no internalizada. El reto es que este beneficio social se refleje en el valor económico y sea atractivo para el financiamiento.
La literatura propone el financiamiento combinado (blended finance) para proyectos cuyo retorno social excede al privado. Debido a esa dificultad de valoración, los proyectos de biodiversidad y adaptación suelen tener riesgos altos y retornos bajos a largo plazo. Combinar instrumentos financieros distribuye el riesgo, abarata el fondeo y atrae capital privado. Créditos, capital concesional, garantías, asistencia técnica, seguros y fondos de impacto son piezas clave.
Existen casos de éxito que lo demuestran. En México, por ejemplo, el sector turístico costero creó un fondo fiduciario para contratar un seguro paramétrico que desembolsa de inmediato recursos para restaurar arrecifes tras eventos climáticos. Este mecanismo convierte el arrecife en infraestructura asegurada y muestra cómo instrumentos innovadores atraen capital privado hacia la adaptación y conservación. El modelo se replica en Colombia con el proyecto Fi wi Riif (“Nuestro arrecife”, en lengua Kriol) del Fondo Acción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Fondo Amazonía combina cooperación internacional y fondos públicos en un esquema de pagos por resultados, canalizando recursos hacia metas verificables como la reducción de deforestación y la recuperación de áreas degradadas. Así, incentiva a comunidades locales a adoptar actividades sostenibles y evidencia cómo el capital concesional apalanca la inversión en conservación con resultados medibles.
El financiamiento combinado es el eje central de nuestro trabajo en el Sinba, Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación. Allí, entidades financieras identifican destinos de inversión, crean modelos de riesgo basados en evidencia y estructuran vehículos financieros bajo esquemas de financiamiento combinado.
El Fondo para la Vida y la Biodiversidad tiene la oportunidad de convertirse en un actor transformador. Además de los pagos por servicios ambientales, la estructuración de garantías públicas para proyectos de conservación, restauración y adaptación lo convertiría en el engranaje que falta para movilizar el capital requerido.
Desde el sector financiero estamos comprometidos en que las finanzas combinadas trasciendan de la teoría y se conviertan en una realidad de cooperación entre lo público y lo privado.