Los subsidios a las pensiones y los combustibles se han identificado como fuentes de ineficiencia del gasto público, puesto que son tal vez los más regresivos, injustos y contradictorios planteamientos de la política fiscal. Su otorgamiento, que beneficia a los más ricos en detrimento de los pobres, es sencillamente absurdo, antitécnico y antiético.

Corregir políticas equivocadas como estas resulta complejo, ya que las narrativas y privilegios serán siempre defendidos por grupos de interés. En el caso de los subsidios a los combustibles, a pesar de los posibles efectos que su eliminación puede tener sobre la inflación en un contexto de desaceleración económica, es claro que debe llevarse a cabo, puesto que además de su regresividad, conlleva un considerable costo fiscal, especialmente en años como 2021 y 2022, marcados por ostensibles aumentos en los precios del petróleo.

En este sentido, aunque la anterior administración trazó una hoja de ruta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 respecto a la gestión del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles (Fepc), el cual acumuló déficits por $11,4 y $36,7 billones en 2021 y 2022, debe reconocerse que ha sido bajo el liderazgo y profunda convicción del presidente Petro que se tomó la decisión de eliminar los subsidios. El lineamiento del exministro Ocampo y del ministro Bonilla ha sido valiente, acertado y oportuno, y le corresponde a la tecnocracia y a los sectores de opinión del país visibilizar los aciertos, no solamente las alertas.

Es así como, desde octubre de 2022 hasta la fecha, el Gobierno ha incrementado el precio de la gasolina corriente en $4,450 con la intención de continuar aumentándolo hasta lograr que la brecha entre el precio internacional y el local se cierre, reduciendo el déficit del Fepc en 2023 a $17,8 billones. Además, el Ministerio de Hacienda ha señalado que, una vez finalizados los ajustes en los precios de la gasolina, se procederá a implementar incrementos en el Acpm, el carburante principalmente utilizado por el transporte de carga en el país. Esto tiene como objetivo evitar que en 2024 se generen presiones de gasto debido a los subsidios en cuestión.

El respaldo a la política mencionada permitiría que se continúe cumpliendo con las metas establecidas en la Regla Fiscal, generando así más confianza entre inversionistas y calificadoras de riesgo en lo que respecta a la gestión de las finanzas públicas. Lo anterior, valga recordarlo, contribuiría a que la prima de riesgo y el costo del endeudamiento externo se reduzcan, lo que a su vez impulsaría la inversión y el desarrollo económico.

A lo largo de las décadas, Colombia se ha destacado frente a sus pares regionales por su manejo responsable de la política fiscal, incluso a pesar de los efectos de choques económicos como los relacionados con la caída de los términos de intercambio en la mitad de la década pasada y los generados por la pandemia. La eliminación de los subsidios a los combustibles es, desde luego, una acertada decisión que refrenda el compromiso para preservar la estabilidad macroeconómica, siendo esta última una condición necesaria para lograr un mayor crecimiento económico, así como para reducir la pobreza y la desigualdad.