Los datos se han convertido en un pilar esencial para la provisión de servicios en la economía global, pues se constituyen como un insumo fundamental para desarrollar nuevos modelos de negocio, habilitar la inclusión financiera e innovar en el diseño de productos y servicios apalancados en tecnología.

Por ello, resulta fundamental entender el alcance de la construcción de un ecosistema de Datos Abiertos, una de las apuestas del PND 2022-2026, pues implica el intercambio de información entre actores de todos los sectores económicos, incluyendo al sector público, con la finalidad de facilitar el acceso a productos y servicios financieros. En este sentido, los esquemas de apertura de datos tienen el potencial de aumentar la dinámica competitiva del sector, lo que resulta beneficioso para los consumidores.

La virtud más clara de los Datos Abiertos es su potencial para ampliar el acceso al crédito. Al facilitar la construcción de perfiles de riesgo basados en información sobre hábitos de consumo y capacidad de pago, los Datos Abiertos hacen visibles a más personas y negocios para el ecosistema financiero. De esta manera, con una mayor disponibilidad de información, se hace posible el diseño de líneas de crédito que se adapten a distintos ciclos y periodos de liquidez, logrando así que los grupos subatendidos accedan a crédito formal.

No obstante, la implementación del esquema de Datos Abiertos no está exenta de desafíos. Por ello, resulta necesario asegurar la interoperabilidad y establecer altos estándares de ciberseguridad, ya que la protección de la información de los ciudadanos es crucial. En este sentido, será fundamental que solo terceros autorizados tengan acceso a ella, en aras de preservar tanto la seguridad como privacidad de los usuarios.

Con el fin de alcanzar este objetivo, la experiencia internacional nos brinda lecciones valiosas. En efecto, en países pioneros como el Reino Unido y Australia, el primer año de implementación de la banca abierta reveló retos significativos en términos de fraude. En el caso del Reino Unido, el fraude con tarjetas se incrementó cerca de un 5% en 2019, mientras que en Australia el porcentaje de personas víctimas de fraude financiero pasó de 6,9% a 8,1%. Estas cifras llevaron a que los reguladores de estos países tomaran medidas que, sin duda, pueden resultar orientadoras para el caso colombiano.

A la luz de las iniciativas tomadas en estos países, cabe proponer la creación de un registro centralizado en Colombia que verifique el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y arquitectura por parte de los participantes del ecosistema, que a su vez se encuentre en línea con las instrucciones expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de finanzas abiertas.

En todo momento, los titulares de los datos deben tener la capacidad de consultar las autorizaciones otorgadas, la información actualizada de los terceros receptores de datos y los canales para la atención de PQRs, así como el procedimiento para la supresión de los datos personales y la revocatoria de las autorizaciones.

El camino hacia una economía más inclusiva y competitiva requerirá la implementación de un esquema de datos abiertos, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que este camino sea seguro y beneficioso para todos.