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Hay tragedias que cambian en segundos la vida de miles de personas. Una vivienda deja de ser habitable, un negocio pierde su inventario, una carretera desaparece y una familia que hasta el día anterior tenía ingresos y estabilidad comienza a preguntarse cómo volver a empezar.
El terremoto del pasado 10 de agosto dejó precisamente ese desafío en el centro y el occidente del país. Hay pérdidas, sin embargo, que ninguna reconstrucción podrá reparar. La pérdida de vidas que dejó esta tragedia nos duele profundamente. Hoy el país acompaña a sus familias y a todos los colombianos que enfrentan sus consecuencias.
Frente a ese dolor, la tarea ahora es ayudar a quienes deben reconstruir sus vidas. Eso significa atender a los damnificados, restablecer cuanto antes los servicios esenciales y crear las condiciones para que hogares, comerciantes y empresas puedan recuperar sus proyectos.
Esa reconstrucción implica recuperar viviendas, vías, colegios, hospitales y servicios públicos. Pero también exige garantizar que las personas puedan seguir pagando, retirando dinero, recibiendo transferencias y accediendo a recursos cuando más los necesitan. En Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca resultaron afectadas 533 oficinas bancarias, equivalentes al 34% de la infraestructura bancaria de esos departamentos. Mientras se recuperan las instalaciones, los canales digitales continúan operando y las oficinas que mantienen condiciones adecuadas siguen atendiendo al público.
La emergencia, sin embargo, no termina cuando se restablecen los servicios. Después de un desastre natural, la situación económica de una familia o una empresa puede cambiar por completo. Quien podía pagar normalmente la cuota de su vivienda puede haber perdido su casa. Un comerciante con un negocio viable puede haberse quedado sin inventario. Una empresa con ingresos suficientes puede encontrarse temporalmente sin capacidad de operar. En esas circunstancias, recuperar la normalidad exige reconocer que las obligaciones adquiridas antes de la tragedia no pueden evaluarse ignorando lo que acaba de ocurrir.
Por eso, la banca ya viene aplicando un esquema especial que permite a cada entidad evaluar la situación de sus clientes de acuerdo con su nivel de afectación. Las alternativas incluyen periodos de gracia de hasta 12 meses para los casos más graves, modificaciones en plazos y condiciones, tratamientos especiales sobre los intereses, protección del historial crediticio y suspensión temporal de los cobros jurídicos y prejurídicos para los damnificados. Cerca de 2,8 millones de usuarios se encuentran en las zonas afectadas y constituyen la población potencialmente beneficiaria de estas medidas, de acuerdo con su situación particular y nivel de afectación.
Ninguna institución puede enfrentar sola una tragedia de esta magnitud. La reconstrucción requiere coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales, los organismos de socorro, el sector privado y la ciudadanía. La banca es una pieza de ese esfuerzo colectivo y aporta su infraestructura, su capacidad financiera y, sobre todo, flexibilidad para acompañar a quienes necesitan tiempo para recuperarse.
Porque ese es, quizá, uno de los recursos más valiosos después de una tragedia. Tiempo para volver a levantar una vivienda, para reabrir un negocio, para recuperar los ingresos y para reorganizar una vida que cambió en cuestión de segundos.
Reconstruir, al final, no es solo levantar paredes, puentes y carreteras. Es ayudar a que miles de personas recuperen sus proyectos, vuelvan a ponerse de pie y puedan mirar nuevamente hacia adelante. Esa debe ser hoy la prioridad del país.
Y en ese propósito, la banca colombiana tiene una responsabilidad concreta. Estar presente, acompañar y ayudar a crear las condiciones para que quienes hoy enfrentan esta tragedia puedan volver a empezar.