La reciente rebaja en la calificación crediticia por parte de Moody’s y Standard & Poor’s representa una señal importante de que el manejo fiscal colombiano se está alejando de la trayectoria de responsabilidad que, durante años, contribuyó a fortalecer la confianza de los mercados. Por mucho tiempo, uno de los activos más valorados fue precisamente la disciplina en la administración de las cuentas públicas, independientemente del gobierno de turno. Este compromiso le permitió al país superar momentos de incertidumbre sin perder credibilidad ni acceso al financiamiento.

Hoy, cuando este activo muestra señales de desgaste, el impacto no se limita al ámbito reputacional. Las decisiones fiscales tienen efectos concretos sobre la economía real, y la respuesta de las agencias calificadoras refleja que las señales que está enviando Colombia generan cierta preocupación. Moody’s redujo recientemente la calificación soberana de Baa2 a Baa3, ubicando al país en el último escalón del grado de inversión. Standard & Poor’s, por su parte, degradó la nota de BB+ a BB y mantuvo una perspectiva negativa que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes si no se adoptan medidas correctivas. Todavía está pendiente la evaluación de Fitch que seguramente no distará del criterio de las otras dos.

Este cambio no es un asunto menor. El país pasó de compararse con economías como Perú, Hungría o Marruecos, a situarse ahora en niveles similares a Brasil, Sudáfrica o Costa de Marfil, donde las condiciones de financiamiento suelen ser más exigentes y volátiles. La reacción de las calificadoras responde, principalmente, a la percepción de un debilitamiento de las instituciones fiscales y a la inquietud por una conducción macroeconómica que luce menos previsible.

La decisión de activar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal en 2025 ha sido uno de los factores que mayor atención ha suscitado. Si bien esta herramienta está prevista en el marco legal para situaciones excepcionales, existen dudas sobre si el contexto actual reúne las condiciones que justificarían su aplicación, dado que no se identifica un evento extraordinario claramente definido que respalde esta decisión. La caída en el recaudo, el aumento del gasto inflexible y la baja ejecución presupuestal representan desafíos importantes, pero no necesariamente configuran una emergencia inesperada. En este escenario, cabría esperar un ajuste gradual y un plan claro de regreso a la disciplina fiscal, en lugar de una flexibilización de las reglas sin un horizonte definido.

Las implicaciones de este deterioro comienzan a manifestarse en diferentes frentes: una percepción de mayor riesgo, incrementos en las tasas de interés exigidas por los inversionistas y una menor disposición a canalizar capital hacia el país.

En este contexto, resulta necesario recuperar la convicción de que la estabilidad fiscal no constituye un obstáculo, sino un elemento esencial para proteger la inversión, promover el crecimiento y contribuir al bienestar colectivo. Mantener reglas claras, creíbles y sostenidas en el tiempo ha sido uno de los factores que, históricamente, permitieron a Colombia conservar el acceso al financiamiento en condiciones favorables y mantener la confianza de los actores económicos.

La advertencia de las calificadoras no debería ser pasada por alto. No se trata de renunciar a la soberanía fiscal, sino de reconocer que la confianza es un activo que toma años consolidar y que puede debilitarse rápidamente. Si el objetivo es preservar la estabilidad y las oportunidades de desarrollo, será fundamental reafirmar el compromiso con una gestión fiscal responsable, predecible y orientada al largo plazo.