La semana pasada se alcanzó un acuerdo para atender a las víctimas del desastre natural provocado por la emergencia invernal que golpea distintas regiones del país. Más allá del entendimiento entre Gobierno y banca, se trata de un acuerdo con los ciudadanos, con las familias que enfrentan pérdidas materiales, con los pequeños productores que vieron afectada su actividad y con miles de colombianos que necesitan una respuesta rápida para reconstruir sus proyectos de vida.

El punto de partida fue reconocer algo elemental, y es que pretender atender esta emergencia mediante esquemas de inversiones forzosas, como se propuso inicialmente, no solo era una mala idea, sino un camino equivocado. No habría permitido ayudar de forma efectiva a quienes necesitan apoyo urgente y, además, habría terminado afectando a los colombianos que dependen del crédito para sacar adelante sus proyectos, empresas o viviendas.

Las inversiones forzosas pertenecen a otra época. Colombia las abandonó hace décadas porque distorsionan el crédito, reducen su disponibilidad y encarecen el financiamiento para la economía. Cuando el crédito se dirige por decreto y no por criterios técnicos y de mercado, los resultados son previsibles: menos crédito, mayor costo financiero y menor capacidad de financiamiento para hogares y empresas. En otras palabras, una política diseñada para ayudar a unos pocos termina perjudicando a millones.

Por eso resulta positivo que, en medio del debate, haya prevalecido una lectura más técnica. Desde la banca reconocemos el papel de la Superintendencia Financiera y del Ministerio de Hacienda, que escucharon los argumentos del sector y entendieron que revivir instrumentos del siglo pasado no era la forma de enfrentar un desastre natural. El acuerdo alcanzado responde a una lógica distinta, y es que, en lugar de distorsionar el sistema financiero, se optó por una solución directa para apoyar a la población afectada sin debilitar el acceso al crédito del resto del país.

Bajo este mecanismo surge Abrigo, la Alianza Bancaria para la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades, orientada a atender a los ciudadanos afectados por la emergencia invernal en ocho departamentos del país y articulada en dos frentes.

El primero son los alivios financieros, que consisten en períodos de gracia sin causación de intereses y sin afectar la calificación crediticia. El objetivo es simple: darles un respiro a quienes lo han perdido todo para que se puedan concentrar en recuperarse.

El segundo frente es la reactivación crediticia. La meta es alcanzar 2,1 millones de créditos, lo que implica un aumento de 15% frente a 2025, es decir, cerca de 270.000 créditos adicionales para las regiones afectadas. Se trata de financiamiento productivo para industria, agro, vivienda, turismo y consumo, con el propósito de que hogares y negocios tengan una oportunidad real de recuperación.

Para que este esfuerzo funcione también se requieren instrumentos públicos que lo acompañen. Por ello, el Gobierno ha planteado líneas de garantías para al menos 210.000 operaciones y una línea de redescuento a través de Bancóldex que permita ofrecer tasas más competitivas.

Al final, Abrigo es un acuerdo con los ciudadanos que enfrentan las consecuencias de esta emergencia climática. La banca ha estado y seguirá estando presente cada vez que el país enfrente una emergencia o una adversidad. Pero las crisis también dejan lecciones: sirven para distinguir las buenas intenciones de las buenas políticas. En este caso quedó claro que insistir en inversiones forzosas habría agravado el problema. Cuando las emergencias exigen respuestas urgentes, el país necesita soluciones que funcionen. Y hoy, para miles de colombianos, ese abrigo es justamente eso: una respuesta concreta para empezar a reconstruir.