El mundo enfrenta una paradoja inquietante: mientras las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales aumentan de manera sostenida -se doblaron desde 2008 y para 2025 superaron los US$220.000 millones-, la capacidad de asegurarlas parece disminuir.

Según Swiss Re, una de las compañías de seguros y gestión del riesgo más grandes del mundo, 70% de estas pérdidas no cuentan con cobertura, ampliando una brecha que ya representa un riesgo económico global.

Colombia siente esa presión con creciente intensidad. Por su alta vulnerabilidad climática, el país enfrenta una exposición cada vez mayor a inundaciones, sequías, tormentas tropicales e incendios forestales. Un ejemplo reciente se presentó en la costa norte, donde el incremento extraordinario de las precipitaciones provocó inundaciones que afectaron a más de 71.000 familias en 148 municipios de 22 departamentos.

Mientras algunas regiones enfrentan inundaciones, otras empiezan a prepararse ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026. La región Caribe ya reporta temperaturas hasta 4 grados por encima de sus promedios históricos, aumentando el riesgo de sequías, incendios forestales y afectaciones sobre la disponibilidad hídrica.

Más allá de la emergencia inmediata, el verdadero desafío está en los efectos económicos y financieros de largo alcance. Sectores estratégicos como la agricultura y la energía son especialmente vulnerables. Los cultivos transitorios, fundamentales para la canasta familiar, enfrentan pérdidas de productividad que amenazan la seguridad alimentaria, mientras que un sistema eléctrico dependiente en más de 67% de la generación hidroeléctrica queda cada vez más expuesto a episodios prolongados de sequía. Los impactos sobre los sectores agrícola y energético podrían presionar fuertemente al alza la inflación, configurando un escenario macroeconómico desafiante.

Según el DNP, la inacción frente a eventos de esta magnitud podría generarle al país pérdidas de entre 0,6% y 0,7% del PIB.

La materialización de los riesgos climáticos se traduce en deterioro de la cartera, incrementando los riesgos financieros vía reducción del valor de las garantías y mayores probabilidades de mora e incumplimiento. Fortalecer los esquemas de gestión del riesgo será insuficiente si el país no acelera las inversiones necesarias para adaptarse al cambio climático.

Precisamente por ello, las finanzas para la adaptación se posicionan como una oportunidad estratégica para la banca. Desde Asobancaria hemos impulsado el Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación (Sinba), que ofrece herramientas para facilitar la identificación de proyectos con beneficios ambientales tangibles.

Además, incorpora un conjunto de procesos para analizar riesgos físicos, junto con metodologías para evaluar financieramente iniciativas que no cuentan con los históricos exigidos por los modelos tradicionales de riesgo. A esto se suman diversos esquemas de financiamiento combinado que articulan capital público, privado y filantrópico para mejorar el perfil de riesgo de las inversiones y facilitar la movilización de recursos.

Los eventos climáticos extremos no disminuirán: serán más frecuentes y variables. El mundo se acerca a los llamados límites de adaptación, escenarios en los que los impactos serán más difíciles y costosos de gestionar. Acelerar las inversiones en adaptación ya no es solo una prioridad ambiental, sino una decisión estratégica que prepara al país para una nueva realidad climática.