En las últimas semanas se ha reavivado el debate sobre la pertinencia de imponer inversiones forzosas a la banca como un mecanismo para impulsar la economía. Estos instrumentos, enmarcados en un conjunto de políticas que generan represión financiera, fueron ampliamente utilizados en Latinoamérica en las décadas previas a los 90 en el marco del modelo desarrollista. De hecho, en el siglo XX ocho países de la región implementaron 15 mecanismos para canalizar de manera obligatoria parte de los depósitos de los ahorradores a crédito de fomento. No obstante, a partir del proceso de liberalización financiera en la región, estos instrumentos se fueron marchitando, a tal punto que en la actualidad solo persisten en cuatro de estos países. En lo corrido de este siglo solo dos países de la región han implementado nuevas inversiones forzosas: Venezuela y Bolivia.
En Colombia, las inversiones forzosas fueron igualmente usadas a partir de la reforma financiera de 1951, al punto que llegaron a representar cerca del 25% de los depósitos. Sin embargo, a la luz de la evidencia empírica que demostraba que estas inversiones encarecían el crédito para el resto de sectores y obstaculizaban la libre competencia, la colocación eficiente del crédito, la correcta administración de riesgos y la gestión óptima de portafolios, las autoridades optaron por desmontar la mayoría de estos instrumentos en los noventa, siguiendo la tendencia regional.
Aun así, cabe recordar que, además de los Títulos de Solidaridad, creados en 2020 para hacer frente a la crisis generada por la pandemia, cuya vigencia termina en 2029 y que permitieron reducir el encaje, persisten los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) emitidos por Finagro, con el objeto de proveer financiación al sector agrícola con un menor nivel de carga fiscal para el sector público. Como alternativa a dicha inversión forzosa, las entidades bancarias pueden otorgar crédito dirigido a ese sector bajo ciertas condiciones, figura que se conoce como cartera sustitutiva.
Pese a que la evidencia es clara en señalar que el establecimiento de nuevas inversiones forzosas presionaría al alza las tasas de colocación de crédito en detrimento de los usuarios, en los últimos 15 años se han presentado diversos proyectos de ley para crearlas y dirigir los recursos principalmente al microcrédito. Pese a que estos han sido bien intencionados, por fortuna, ninguno de ellos ha logrado prosperar, dado los efectos adversos que implican para la economía.
En el debate actual, que se enmarca en un año de recuperación gradual de la economía, debe tenerse en cuenta lo anterior. Es claro que imponer nuevas inversiones forzosas encarecería el crédito para todos los colombianos, en un momento en que se requiere que se abarate, más cuando el emisor viene adelantando el ciclo de recortes a la tasa de interés.
Por ello, en lugar de contemplar esta opción, debería pensarse en un Gran Pacto por el Crédito, donde el sector financiero se comprometa a elevar la colocación en sectores como el turismo, la manufactura y el agro. A esto se podría sumar una optimización de los TDA, permitiendo que la cartera sustitutiva también llegue a la agroindustria, y el uso de algunos de los recursos de tesorería que hoy tiene el Banco Agrario en TES, que en lugar de ir al Tesoro podrían destinarse a financiar la actividad productiva.
Avanzar en materia de profundización financiera con criterios de eficiencia es la mejor vía para darle celeridad al proceso de recuperación económica.