Colombia atraviesa una emergencia climática real. Miles de familias han sido golpeadas por las lluvias, han perdido su vivienda o su sustento y requieren respuestas rápidas y eficaces del Estado. Frente a esa realidad, el sistema financiero ha sido claro y consistente, está listo para acompañar a los damnificados, activar esquemas de flexibilización y renegociación de obligaciones y poner a disposición de Colombia todos los instrumentos que hoy permite el marco legal vigente, para lo cual estamos a la espera de los lineamientos por parte de la Superintendencia Financiera.
Precisamente por la gravedad de la situación, las decisiones de política pública deben ser especialmente responsables. Una emergencia no puede convertirse en un atajo para imponer medidas que no guardan relación directa con la atención de los afectados, sino que más bien aparentan ser estrategias para revivir reformas archivadas y promover medidas claramente inconstitucionales.
En el Consejo de Ministros de la semana pasada se anunciaron dos medidas amparadas en un nuevo decreto de emergencia. Una tarifa del impuesto al patrimonio superior a 1,2% para las entidades financieras y la creación de nuevas inversiones forzosas, extendidas más allá del sector agro. Ninguna de estas decisiones apunta directamente a aliviar a las familias afectadas. Ambas implican costos significativos para la economía y, en última instancia, para los ciudadanos.
Si el impuesto al patrimonio se fijara en una tarifa de 1,5%, por ejemplo, el sector financiero pagaría cerca de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones corresponderían a los bancos. Esto equivaldría a 32% del costo total estimado de la emergencia, pese a que el sector solo representa alrededor de 4% del PIB. Con una tarifa de 2%, la carga ascendería a $3,4 billones, es decir, 43% del total y hasta diez veces el peso relativo del sector en la economía. Esta no es una distribución solidaria del esfuerzo. Es una desproporción difícil de justificar técnica y socialmente. A ello se suma que aún no existe claridad sobre el uso específico de los cerca de $8 billones que se estima requeriría la atención de la emergencia, una inquietud que también ha sido expresada por varios gobernadores de las regiones afectadas.
Aún más preocupante resulta el anuncio sobre nuevas inversiones forzosas. El Presidente planteó eliminar la cartera sustitutiva y establecer mecanismos obligatorios adicionales. Aunque no se detalló la medida, un esquema similar al que alguna vez se propuso, del orden de $35 billones, implicaría el claro retorno de la represión financiera. Esto se traduce en crédito más caro para hogares y empresas, justo cuando los afectados necesitan acceso a financiamiento y alivios, no nuevas restricciones.
Para sustentar estas decisiones, el Gobierno ha señalado un supuesto incumplimiento del Pacto por el Crédito. Los datos muestran exactamente lo contrario. A falta de un mes para su culminación, ya se ha desembolsado más de 90% de la meta total. En apenas 17 meses, los desembolsos en los sectores priorizados crecieron a una tasa anual de 16%, frente a 12% en el resto de la economía. La participación de micro y pequeñas empresas pasó de 46% a 53%. Si se incluyen las medianas empresas, las MiPymes hoy reciben 67% de los desembolsos, nueve puntos porcentuales más que antes. En buena fe, la banca viene cumpliendo el Pacto y mal hace el Gobierno en renegar acerca de un esfuerzo real de trabajo público-privado que ha demostrado ser exitoso. Las emergencias exigen empatía con las víctimas, rapidez en la acción y soluciones efectivas, pero también rigor institucional y responsabilidad económica. Imponer cargas desproporcionadas, desconocer avances y tensionar las reglas no ayuda a los damnificados, especialmente cuando no se han anunciado ajustes presupuestales claros para atender la emergencia. El resultado sería previsible: menos crédito, menos inversión y menor crecimiento.
El sistema financiero seguirá acompañando a las familias afectadas con responsabilidad y vocación social. Pero la confianza, pilar de cualquier recuperación, se construye respetando las reglas. Cuando las emergencias se usan como atajos, el costo no lo asume un sector, lo termina asumiendo el país.