Aunque no lo parezca, la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal en 2025 tiene efectos muy concretos sobre la vida cotidiana de los colombianos. Esta medida, que implica “pausar” los límites al endeudamiento y al déficit público, puede sonar como un tecnicismo, algo abstracto y lejano de la cotidianidad de las personas, pero en realidad tiene implicaciones directas sobre el bolsillo, el empleo y el costo de vida de todos los colombianos.
La regla fiscal es, en esencia, un compromiso que se impone el Estado para no gastar más de lo que puede pagar. Cuando se rompe, como ocurrió recientemente con la activación de la llamada “cláusula de escape”, el país puede endeudarse más allá de lo prudente y necesario. A corto plazo, esto puede parecer conveniente porque permite aumentar el gasto, pero tarde o temprano ese dinero hay que reponerlo, y hacerlo sin un plan claro tiene consecuencias.
¿Cómo afecta esto al ciudadano? Primero, cuando el Estado gasta más de la cuenta, especialmente sin una estrategia creíble de ajuste futuro, se incrementa la presión sobre la inflación. Bienes básicos como los alimentos, productos del mercado o servicios esenciales se encarecen. Para contener esa inflación, el Banco de la República se ve obligado a mantener altas las tasas de interés por más tiempo. Eso encarece el crédito para las familias, afectando directamente los planes de quienes buscan comprar su vivienda, financiar la educación de sus hijos o sacar adelante un emprendimiento.
Segundo, la falta de disciplina fiscal hace que los inversionistas lo piensen dos veces antes de traer su dinero al país. Cuando el Estado no transmite señales de orden y responsabilidad en el manejo de sus finanzas, pierde atractivo para la inversión extranjera. De hecho, en 2024 la inversión extranjera directa cayó un 15% y podría seguir cayendo si no se restablece la confianza. ¿Y qué implica eso? Menos empresas extranjeras en Colombia, que se traduce en menos empleos, menos innovación y menos oportunidades para quienes están entrando al mercado laboral o quieren emprender.
Tercero, la salida de capitales que suele acompañar estas señales de inestabilidad también afecta el valor del peso frente al dólar. Cuando el peso se deprecia, los productos importados como electrodomésticos, medicamentos, repuestos o alimentos de la canasta familiar, se encarecen. Incluso actividades como viajar al exterior o pagar servicios en dólares se vuelven más difíciles de costear para el hogar promedio colombiano. Esta pérdida de poder adquisitivo golpea, sobre todo, a los hogares más vulnerables.
Cuarto, el aumento del endeudamiento en un contexto de menor credibilidad hace que el país tenga que pagar intereses más altos por su deuda. Y esos pagos no son abstractos: cada peso que se va en intereses es un peso menos para financiar salud, educación, vivienda o infraestructura; es decir, menos inversión social. El gasto inflexible en deuda se convierte en una camisa de fuerza que impide avanzar en las verdaderas prioridades del país. El mal manejo fiscal es la peor política social.
En síntesis, la regla fiscal no es un capricho de tecnócratas. Es un pilar de estabilidad que protege la economía, fomenta la confianza y permite que el Estado invierta en lo que realmente importa: los colombianos. La suspensión de este instrumento está prevista para ser utilizada solo en momentos extraordinarios, pero hacerlo sin un plan creíble, sin una justificación válida, pone en riesgo la reputación del país, la solvencia del Estado para financiar la política social y la capacidad de los hogares para adquirir bienes de primera necesidad o financiar sus metas. Por eso, es clave que las decisiones fiscales se tomen con responsabilidad y visión de futuro. Al final, el precio de la improvisación lo pagamos todos.