En Colombia se ha instalado una idea tan repetida como equivocada: que cuando sube la tasa de política monetaria, la banca “gana”. Eso simplemente no es cierto. No se trata de una percepción debatible. Los propios datos oficiales demuestran que esa afirmación carece de sustento real.

Para entenderlo, conviene empezar por lo básico. Cuando el Banco de la República, o cualquier banco central, eleva su tasa de referencia, encarece el costo de financiamiento para las instituciones de crédito. En Colombia, por ejemplo, el paso de 10,25% a 11,25% incrementa directamente el costo de fondeo de los bancos y, en consecuencia, el del crédito para hogares y empresas.

Ese mayor costo no se traduce en una ganancia para el sector financiero. Por el contrario, deteriora la calidad de la cartera y aumenta la probabilidad de incumplimiento: más hogares enfrentan dificultades para honrar sus obligaciones y más empresas ven tensionados sus flujos de caja. Es precisamente a través de este canal que la política monetaria logra enfriar el consumo y contribuir al control de la inflación.

Las cifras son contundentes. Para contener la inflación pospandemia, el Banco de la República elevó su tasa de referencia en 1.150 puntos básicos, hasta alcanzar un pico de 13,25% en 2023. Lejos de lo que se ha afirmado desde el Gobierno, las utilidades no solo no crecieron, sino que se vieron fuertemente afectadas. Según datos de la Superintendencia Financiera, las utilidades de los establecimientos de crédito se redujeron 45% (más de $9 billones) y la rentabilidad cayó a 3,2%, un nivel que no se observaba desde la crisis del Upac. Además, 23 entidades del sistema cerraron con pérdidas, la cifra más alta en décadas; la cartera se contrajo 6,4% en términos reales y el indicador de vencimiento pasó de 3,7% a 5,0%.

Ahora bien, que las tasas altas afecten negativamente a la banca no significa que la decisión haya sido equivocada. Conviene recordar que la estabilidad de precios que Colombia ha construido en las últimas tres décadas es el resultado de la labor del Banco de la República, desde que la Constitución de 1991 le otorgó su autonomía. El Banco tiene un mandato constitucional claro, y es el de preservar el poder adquisitivo de la moneda. En un entorno de inflación persistente, subir la tasa era la decisión correcta y necesaria. Se trata de una respuesta técnica frente a presiones inflacionarias que responden, en buena medida, a factores de política económica, como los incrementos del salario mínimo por encima de los criterios técnicos y a una postura fiscal expansionista.

En este contexto, lo verdaderamente preocupante es tergiversar la realidad y, con ello, erosionar la credibilidad de las instituciones. Sostener que la banca se beneficia de este entorno no es una interpretación válida, sino una afirmación falsa que distorsiona un debate que debería darse con rigor técnico en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República.

A estas alturas debería ser evidente que la política monetaria no es el origen del desequilibrio, sino su respuesta. Por eso, la pregunta relevante no es quién gana con tasas altas, sino por qué la economía necesita tasas altas para estabilizarse. Y la respuesta conduce inevitablemente al frente fiscal: déficits elevados, ausencia de una senda creíble de ajuste y un endeudamiento cada vez más costoso que trasladan desproporcionadamente la carga de la estabilización a la política monetaria. Las consecuencias son claras: crédito más caro, menor crecimiento y un sistema financiero operando bajo presión.

El sistema financiero no es el origen del problema ni su beneficiario; es el canal a través del cual millones de colombianos acceden al crédito que necesitan para invertir, crecer y generar empleo. Debilitarlo con narrativas sin fundamento es debilitar al país.