Esta semana el Gobierno publicó los decretos derivados del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado recientemente. Entre ellos, expidió un decreto que modifica la relación de compra de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y los ponderadores de la sustitución de esta inversión forzosa.

En términos prácticos, la medida incrementa la compra obligatoria de títulos del gobierno TDA por parte de los establecimientos de crédito, aumentando así la inversión forzosa en el sector agropecuario. Estimamos que este ajuste representará, como mínimo, 6 billones de pesos de inversiones en nuevos títulos. Recordemos que esto no es plata de los banqueros, son al menos 6 billones de pesos más del ahorro de los colombianos que serán administrados por el Gobierno.

Más allá de las consecuencias señaladas, esta decisión envía una señal preocupante. El Gobierno cuestiona las capacidades técnicas y de mercado del sector financiero para la colocación de crédito y la administración del ahorro de los colombianos. Este supuesto ignora que, tan solo en los últimos 17 meses del Pacto por el Crédito, el sector financiero ha desembolsado más de 26 billones de pesos al sector agropecuario.

El aumento en compra de TDA implica la reducción de la disponibilidad de fondos prestables, lo que se traduce en una contracción del crédito agropecuario y en mayores costos de financiamiento. Paradójicamente, el efecto podría terminar afectando al mismo sector que se busca beneficiar. ¿Por qué el Gobierno buscaría reducir el crédito en este sector en época electoral? Es una pregunta que asusta.

Además, el Decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica es consecuencia de las afectaciones por la ola invernal que atraviesa el país en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó y sus medidas están acotadas estrictamente a las necesarias para atender la crisis y evitar la expansión de sus efectos. No es claro el impacto directo de las medidas de compra de TDA e inversión sustitutiva sobre los territorios afectados, por lo que surgen dudas del carácter democrático de esta medida.

Va en contra de la democracia usar un Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica y una tragedia como la que está ocurriendo en el país para imponer medidas que no van directamente dirigidas a solventar los efectos de la ola invernal.

Cuando se adoptan medidas de este alcance por la vía excepcional, se abre una discusión legítima sobre su coherencia institucional y su sustento democrático. Ahora será la Corte Constitucional quien debe revisar la validez y coherencia de estas medidas, así como la constitucionalidad del Decreto. Pero más allá del debate jurídico, hay una reflexión de fondo, las discusiones de política pública deben darse en ámbitos democráticos y no imponerse utilizando excusas convenientes. Será la historia la que juzgue y muestre las consecuencias de las decisiones antidemocráticas.

El desarrollo del sector agropecuario requiere más crédito, mayor profundización financiera y reglas previsibles. Cualquier decisión que afecte la intermediación debe evaluarse con rigor técnico y visión de largo plazo. El crecimiento sostenible no se construye con atajos institucionales, sino con confianza y estabilidad.