Colombia recibió dos avisos por parte de Standard and Poor’s en el último año. El primero se dio en junio de 2025, coincidiendo con la equivocada decisión de suspender la regla fiscal, y el segundo llegó la semana pasada con una nueva rebaja en la calificación de nuestra deuda soberana, llevándola a un nivel de BB-, la peor calificación en 30 años. Esta segunda rebaja en la calificación soberana por parte de esta calificadora no es un accidente ni un hecho aislado. Es, más bien, consecuencia de una cadena de decisiones que han ido debilitando, poco a poco, la confianza en la capacidad del país para manejar sus finanzas públicas. El margen de error se agotó.
Durante años se construyó una reputación basada en reglas claras, disciplina macroeconómica y respeto por la institucionalidad. La regla fiscal, la independencia del Banco de la República y una trayectoria de manejo prudente de la deuda permitieron que Colombia fuera percibida como una economía confiable en los mercados internacionales. Ese activo, que tomó décadas en consolidarse y que representó un esfuerzo de todos los colombianos, hoy empieza a erosionarse.
El mensaje de las calificadoras no es ideológico, es técnico. Déficits fiscales persistentemente altos, sin una justificación creíble, como el 6,4% del último año; la ausencia de un plan serio de reducción del gasto público; las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, así como la suspensión de la regla fiscal, se reflejan en esta nueva caída en la calificación, que más que una sorpresa debe entenderse como un segundo llamado de alerta que no deberíamos ignorar. El mercado ya está incorporando esa lectura con tasas de la deuda pública que han llegado a rozar 14%, niveles elevados en términos históricos y comparables con economías de mayor riesgo como Nigeria e incluso por encima de países como Kenia, Pakistán o Bangladesh. Aunque se han desplegado esquemas de manejo de la deuda pública cada vez más creativos, como los TRS por cerca de US$9.300 millones, la realidad es que la deuda se mantiene alrededor de 60% del PIB y, aún más inquietante, a un costo cada vez más alto.
Esto, que podría parecer una noticia lejana del día a día de un ciudadano, tiene consecuencias que vamos a pagar todos. Cada rebaja en la calificación se traduce en mayores costos de financiamiento para el Gobierno, que implicarán mayores pagos de deuda, menor apetito de inversión en el país y mayores problemas de financiamiento para las empresas del sector privado.
Algunos podrán argumentar que estas decisiones responden a visiones externas que no comprenden la realidad local. Pero esa lectura desconoce algo fundamental: los mercados no operan sobre discursos, sino sobre señales y hechos. Hoy las señales que está enviando Colombia son, en el mejor de los casos, ambiguas. El problema no es solo el nivel del déficit. Es la falta de una estrategia clara de corrección de los desequilibrios de las cuentas públicas. No basta con reconocer el desbalance fiscal; es indispensable mostrar cómo se va a cerrar, y el más reciente Plan Financiero perdió esa oportunidad.
Colombia aún no está fuera del juego, pero el conteo ya marca dos strikes y, a estas alturas, aplazar las decisiones de fondo solo hará más costoso el ajuste. Lo que viene exige claridad, consistencia y, sobre todo, responsabilidad. En materia fiscal, estamos tan solo a un escalón de la penosa categoría de país “altamente especulativo”, un tercer strike que nos colocaría al nivel de países como Nigeria, República del Congo o Irak, alejándonos aún más de la posibilidad de recuperar el anhelado grado de inversión que hoy ostentan las economías más sólidas de América Latina.