Este es un año electoral en Colombia y en buena parte del mundo. La política domina los titulares y marca el pulso del debate público. No es una coincidencia. De los procesos electorales depende, en buena medida, el rumbo económico de los países, la estabilidad de sus instituciones y la confianza de los ciudadanos.

La evidencia empírica es clara. Las democracias exhiben mejores indicadores de desarrollo que los regímenes que no lo son: mayor esperanza de vida, mayores niveles de alfabetización, un PIB per cápita más alto y una inclusión financiera más profunda. Sin embargo, las elecciones por sí solas no garantizan ni democracia ni prosperidad. Para que cumplan su propósito deben ser libres, participativas y confiables. No es casualidad que estos mismos principios sean también la base sobre la cual funcionan los mercados.

Durante años se asumió que la política era simplemente el entorno en el que operaba la actividad económica. Hoy esa separación dejó de existir. Las decisiones políticas inciden directamente sobre la confianza, la inversión, la formación de precios y el acceso al crédito. Política y mercados no son esferas independientes, sino dimensiones inseparables del desarrollo económico.

El sistema financiero colombiano opera precisamente bajo estos principios. Es un sistema libre, con regulación prudencial, competencia efectiva, formación de precios y libertad de elección para los consumidores. Los rankings internacionales de libertad financiera ubican a Colombia en una posición favorable dentro de América Latina. No se trata de ausencia de reglas, sino de reglas claras y estables que permiten que el mercado funcione.

Es también un sistema participativo. Hoy operan más de 616 entidades en el ecosistema financiero, cerca de 25% más que hace tres años. Bancos, cooperativas, compañías de financiamiento, fiduciarias, fondos de pensiones, aseguradoras, Fintech y SEDPE conviven en un mismo ecosistema. Esta diversidad no es su debilidad, es una fortaleza.

Es un sistema que da confianza. Descansa en una institucionalidad sólida, una regulación alineada con estándares internacionales y autoridades técnicas de talla mundial. La credibilidad se construye con consistencia, no con atajos.

Estos pilares, sin embargo, no pueden darse por sentados. La libertad se resiente cuando se recurre a figuras excepcionales injustificadas o cuando se envían señales fiscales inconsistentes. La estabilidad exige reglas claras en la gestión de la deuda pública, mayor transparencia y el cumplimiento de los compromisos regulatorios.

La participación también se debilita cuando no hay igualdad de condiciones. Permitir que algunas entidades capten recursos del público por fuera del perímetro de supervisión financiera no amplía la inclusión; introduce riesgos innecesarios para la estabilidad y para el ahorro de los colombianos.

La confianza se erosiona cuando se instala la narrativa de que la banca contribuye poco. El sector financiero colombiano paga una de las tasas más altas de la OCDE. Incrementar estructuralmente esa carga no castiga a los bancos, sino a los hogares y a las empresas, a través de mayores tasas de interés, menor acceso al crédito y una menor profundidad financiera.

Democracia y mercados operan, en el fondo, bajo los mismos principios: libertad, participación y confianza. No son consignas ni abstracciones, sino condiciones concretas del desarrollo económico y social. Sin un sistema financiero sólido no hay democracia que se sostenga. Y sin democracia, no hay futuro. Por eso, proteger estos pilares es una responsabilidad colectiva.