Laureles, en Medellín, fue incluido en 2023 entre los barrios más “cool” del mundo por Time Out. El reconocimiento refleja una ciudad que se posiciona globalmente, atrae visitantes y convierte su oferta urbana en un activo para el turismo internacional.

Pero, en paralelo, para muchos residentes la historia es distinta: aumentos en los arriendos, presión sobre el costo de vida y mayor dificultad para permanecer en barrios hoy celebrados globalmente. Laureles no es una excepción; es una señal.

En varias ciudades, el auge del turismo urbano y de los alquileres de corta estancia está reconfigurando el mercado de vivienda. Lo que antes se destinaba a habitar o arrendar a largo plazo hoy compite con el alojamiento flexible para visitantes, muchas veces con ingresos en dólares.

Las cifras son claras. En Bogotá hay más de 20.000 unidades en renta corta; en Medellín, más de 24.000; y, a nivel nacional, cerca de 100.000. En ciudades como Medellín o Cartagena, un inmueble puede generar entre dos y tres veces más ingresos bajo este esquema.

La señal es contundente: es más rentable alojar que arrendar. Y cuando ese incentivo se generaliza, el impacto es inevitable. Cada unidad que migra reduce la oferta para residentes permanentes, elevando los precios y restringiendo el acceso a la vivienda, especialmente en zonas de alta demanda.

Pero el cambio va más allá de los precios; también transforma la lógica urbana. Barrios tradicionalmente residenciales se convierten en zonas de alta rotación, donde la estabilidad se debilita y la noción de comunidad se diluye. En paralelo, muchos hogares, especialmente jóvenes y de ingresos medios, se desplazan hacia la periferia, con mayores tiempos de viaje y menor acceso a oportunidades.

El fenómeno es también territorial. Las zonas mejor ubicadas, con acceso a empleo, servicios y conectividad, son las más atractivas para el turismo. Allí, la competencia entre uso residencial y turístico se intensifica, generando un desplazamiento silencioso: no por expulsión directa, sino por la imposibilidad económica de permanecer.

Los ejemplos lo evidencian. Laureles refleja una tensión creciente; Getsemaní, en Cartagena, ha perdido gran parte de su población residente en dos décadas; y en Bogotá, proyectos como el BD Bacatá han migrado hacia esquemas de renta corta. La transformación ya no es marginal: empieza a incorporarse en la concepción misma de los activos inmobiliarios.

Al mismo tiempo, el turismo es un dinamizador económico. En 2025, Colombia recibió cerca de 6,5 millones de visitantes y generó más de US$11.000 millones en divisas, superando incluso al carbón. Eventos como conciertos, carnavales y festivales movilizan cientos de miles de personas y grandes ingresos, consolidando al turismo como motor del crecimiento urbano y regional.

Y es aquí donde surgen, inevitablemente, tensiones sociales. No como producto de un choque entre locales y visitantes, sino de un desbalance económico. Cuando un activo tiene usos con rentabilidades muy distintas, el mercado se inclina hacia el más rentable.

El dilema, sin embargo, no es entre turismo o vivienda. El reto es lograr que la vivienda cumpla su doble función: ser un activo económico, pero también un espacio de vida, estabilidad y arraigo.

En Colombia, el desafío es anticiparse con una regulación inteligente que no frene el turismo, sino que ordene sus impactos, diferencie usos y proteja la oferta residencial. Porque más que un dilema irresoluble, se trata de una decisión de política pública orientada a que el crecimiento del turismo sea compatible con ciudades habitables. De lo contrario, el éxito económico de hoy corre el riesgo de convertirse en la exclusión de mañana.