En política pública, los instrumentos importan tanto como los objetivos que persiguen. Recientemente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dio a conocer un proyecto de decreto orientado a regular la prestación de nuevas modalidades de servicios postales de pago. Para materializar este objetivo, el proyecto propone la creación de cuentas postales, a través de las cuales los operadores recibirían y administrarían recursos del público mientras se ejecutan órdenes de pago, depósitos o transferencias.
Según el Ministerio, la habilitación de servicios como el giro de pago, el giro de depósito y la transferencia postal permitiría a los operadores desarrollar nuevas ofertas y modelos de negocio. Adicionalmente, el Ministerio argumenta que esta medida contribuiría a ampliar la cobertura y la infraestructura postal en zonas rurales o de difícil acceso.
Sin embargo, la creación de cuentas postales, que constituye el eje del modelo propuesto, plantea graves interrogantes regulatorios y prudenciales de fondo, al habilitar la captación y administración de ahorros del público por fuera del perímetro de supervisión que hoy rige para actividades financieras de riesgo comparable. Si una cuenta permite mantener saldos por períodos prolongados, recibir recursos de manera recurrente y servir como punto de entrada y salida de dinero, se asemeja funcionalmente a una cuenta transaccional y se expone a los mismos riesgos de la actividad de captación. No en vano, el Estado exige una licencia financiera para poder captar recursos del público, de manera que realizar esta actividad sin dicha autorización podría poner en riesgo los ahorros de los colombianos.
Además, cuando productos que cumplen funciones similares compiten bajo cargas regulatorias y esquemas de supervisión distintos, surge un arbitraje regulatorio. Este no es un problema abstracto: genera incentivos para trasladar actividades hacia regímenes menos exigentes, afecta la competencia y erosiona la confianza que sostiene el buen funcionamiento del sistema financiero y la estabilidad macroeconómica del país.
Desde una perspectiva prudencial, resultan relevantes consideraciones como la gestión de la liquidez y la capacidad de responder oportunamente a pagos, transferencias o devoluciones, incluso en escenarios de estrés operativo. Mientras las entidades financieras están sujetas a exigencias diseñadas para garantizar esa capacidad, el esquema propuesto para los operadores postales no contempla requerimientos equivalentes. También existen retos en materia de trazabilidad, conocimiento del cliente y continuidad del negocio, elementos esenciales cuando se administran recursos del público y se busca preservar la confianza de los usuarios. A ello se suma el riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Permitir que operadores postales administren saldos y ejecuten transferencias sin estar sujetos al mismo marco integral de prevención, monitoreo y reporte que rige para las entidades financieras puede abrir brechas en los mecanismos de control y debilitar la integridad del sistema.
El argumento del Ministerio de ampliar cobertura en zonas rurales o de difícil acceso pierde fuerza si se considera que las entidades financieras, a través de corresponsales bancarios, ya tienen presencia en 100% de los municipios del país, y que, según Banca de las Oportunidades, salvo en Vichada y Amazonas, la distancia entre una persona y su corresponsal más cercano es de 1 km en promedio.
En un contexto en el que los servicios financieros ya llegan de manera masiva a la población, la creación de mecanismos de captación y administración de recursos del público bajo reglas distintas no se justifica e introduce asimetrías regulatorias y riesgos que afectan la confianza del público. Pretender dinamizar la inclusión económica y social por fuera del marco prudencial ya existente equivale a abrir una puerta equivocada, una que, en lugar de fortalecer el ecosistema de pagos, pone en riesgo el dinero de los depositantes y debilita los avances en la prevención del lavado de activos.