La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo. Pocas veces tantas personas habían querido dar el paso de tener una casa propia y habían encontrado tantas dificultades para lograrlo. Detrás de ese deseo hay familias que llevan años ahorrando, parejas que quieren comenzar una vida juntos y personas que buscan dejar de pagar arriendo. Pero el esfuerzo no siempre alcanza. Esa distancia entre lo que las familias esperan y lo que pueden conseguir se repite en países con realidades muy distintas y revela el fondo de una crisis global. Para millones de personas, tener una vivienda adecuada es una aspiración cada vez más difícil de cumplir.

España es el ejemplo más reciente de esa tensión. En Madrid, jóvenes se concentraron en la Puerta del Sol para exigir mejores condiciones de acceso a la vivienda. Según El País, entre 2015 y 2025 los precios de compra aumentaron 80% y los alquileres 87%, mientras los salarios crecieron cerca de 30%. Esa brecha tiene consecuencias concretas. Las familias necesitan ahorrar durante más tiempo para comprar y destinar una mayor parte de sus ingresos al arriendo, lo que reduce sus posibilidades de llegar a tener una vivienda propia.

La presión alcanza también a las mayores economías. Según el Joint Center for Housing Studies de Harvard, en 2024 alrededor de 22,7 millones de hogares arrendatarios en Estados Unidos destinaron más de 30% de sus ingresos a vivienda y servicios públicos, cerca de la mitad del total. En Nueva York, la mediana del alquiler ofertado llegó a US$4.000 mensuales en junio de 2025, según StreetEasy. La vivienda, de hecho, se convirtió en uno de los asuntos centrales de la campaña que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía.

La dimensión mundial es aún más contundente. ONU-Hábitat estima que hasta 3.400 millones de personas enfrentan alguna forma de inadecuación habitacional. No existe una causa única. La Ocde identifica restricciones de suelo, mayores costos de construcción, escasez de trabajadores, financiación costosa e inversión pública insuficiente. A ello se suman cambios demográficos y, en algunas ciudades, la presión del alquiler turístico. Mientras la demanda crece y cambia rápidamente, la oferta responde con mucha mayor lentitud.

Las consecuencias se sienten mucho más allá del mercado inmobiliario. Cuando los trabajadores deben vivir lejos de sus empleos, los largos desplazamientos reducen el tiempo que pueden dedicar a sus familias y restan productividad a las ciudades. Cuando el arriendo absorbe buena parte del ingreso, queda menos para alimentación, educación y ahorro. Y cuando una persona no puede independizarse, también aplaza la formación de un hogar y la construcción de su patrimonio. Por eso, facilitar el acceso a la vivienda tiene efectos sobre el bienestar de las familias y las oportunidades de progreso.

La respuesta requiere construir más viviendas donde la gente las necesita y facilitar su compra o arriendo. Esto supone habilitar suelo con servicios, agilizar las licencias, desarrollar infraestructura y conectar los proyectos con el transporte y el empleo. También exige aprovechar mejor los inmuebles existentes y ampliar las opciones de financiación y de vivienda asequible.

Hay, además, una preocupación de fondo. Durante generaciones, estudiar, trabajar y ahorrar fueron pasos hacia una vida independiente y un patrimonio propio. Si incluso una persona con empleo estable encuentra cada vez más difícil comprar una vivienda, pierde fuerza la promesa de que su esfuerzo le permitirá salir adelante. Esa frustración merece un lugar central en la discusión pública.

Colombia debe tomar estas experiencias como una advertencia y actuar a tiempo. El crecimiento económico tiene que reflejarse en la capacidad de las familias para mejorar sus condiciones de vida, incluida la posibilidad de tener un hogar. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si esa aspiración sigue al alcance de quienes trabajan y ahorran para cumplirla.