Cuatro codirectores del Banco de la República no solo se han resistido a bajar la tasa de interés, sino que la han subido este año en 200 puntos: primero en enero, de 9,25% a 10,25%, y ahora, en marzo, a 11,25%. La absurda decisión de cuatro impactará a millones de personas y ha abierto un buen debate nacional sobre este órgano encargado del manejo de la política monetaria.

La Constitución reconoce la autonomía técnica y funcional del Banco de la República frente al Gobierno. Nadie discute ese diseño institucional, el cual tampoco es ilimitado. Lo que debe discutirse, con rigor y sin dogmatismos, es si la decisión de elevar la tasa de interés responde de manera adecuada al momento económico del país, si hay algún interés de beneficiar o perjudicar a ciertos sectores económicos y si efectivamente está en coordinación con la política económica general, como lo exige el artículo 371 de la Constitución.

Hoy no existe ninguna amenaza grave de inflación en el país, y menos desde la demanda, que es el caso en el que el alza sería justificable y efectiva. Hoy la inflación no es menor porque están ocurriendo hechos -circunstancias de oferta- que lo impiden, como la guerra de Oriente Medio, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de 30% del comercio global del petróleo y 20% del gas, interrumpiendo la cadena de suministros, aumentando los costos de transporte y elevando el precio de los hidrocarburos y de los combustibles. Además, el país acaba de vivir una crisis climática que llevó a declarar la emergencia económica, debido a que ocho departamentos registraron inundaciones que afectaron cultivos, cosechas y la actividad productiva en general. Nada de esto se solucionará con el aumento de la tasa de interés.

Quienes salieron a defender la autonomía del Banco están justificando el alza de la tasa de interés y están desconociendo estos hechos. Además, están desplazando el debate hacia un asunto de autoridad, cuando debieron haber ayudado a explicar por qué el incremento fue de 100 puntos y no de 25 o 50, o cuáles son los determinantes reales de la inflación actual y por qué no cede. Utilizar argumentos de autoridad y autonomía es situar el debate en un asunto de prestigio, buscando anular la crítica democrática y social. Sin duda, es un razonamiento débil, porque desplaza el centro del debate y, en lugar de responder por las razones que justifican la medida y los efectos económicos de esta, convierte la discusión en un asunto de defensa institucional abstracta. ¿Quién dijo que la autonomía, en un Estado social de derecho, es inmunidad frente al escrutinio público?

Los defensores de la autonomía también reclaman la independencia del Banco, sabiendo que la entidad es autónoma en su gestión y funcionamiento e independiente frente al Gobierno, pero en ningún caso es independiente de la sociedad. De hecho, el artículo 372 de la Constitución dice que “los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación”; en consecuencia, deben actuar en representación de la sociedad y se deben a ella. Este mandato parece no haber sido bien entendido y llegó el momento de enfatizarlo. Además, ¿qué independencia puede ejercer una persona en la Junta cuando es hija de la jefe de campaña de una candidatura presidencial? Este es otro argumento débil.

Finalmente, aparece en la discusión el asunto técnico del Banco y de sus funcionarios. Se ha impuesto en el país la idea de que los técnicos toman decisiones alejadas de cualquier ideología. Falso, pues la tecnocracia no es neutral, porque necesita aplicar un saber donde hay ideas, conceptos y marcos teóricos preconcebidos, y todos cargan una ideología. Un técnico decide acciones, metas y objetivos, donde debe valorar, y toda valoración posee su propia carga ideológica. Por ejemplo, cuando los cuatro codirectores decidieron subir la tasa de interés, valoraron más la custodia de la inflación que el nivel de producción, empleo, consumo e inversión, y esto no se hace sin alguna idea o algún marco teórico previo; es decir, sin ideología. De manera que la tecnocracia no la elimina: quizá la reviste de lenguaje estadístico, modelos econométricos y legitimidad experta; por eso es que un técnico se puede asemejar a un ideólogo puro.

En síntesis, la verdadera defensa institucional del Banco no está en blindar sus decisiones de la crítica, sino en someterlas al debate democrático, académico y ciudadano, especialmente cuando sus costos recaen sobre la sociedad, teniendo presente que autonomía no es silencio; independencia no es infalibilidad, y técnica no es neutralidad.