La llegada del primer gobierno de izquierda en Colombia fue presentada como un salto al vacío. Buena parte del establecimiento económico anunció un escenario de catástrofe: recesión, fuga de inversión, explosión de la deuda, aislamiento internacional y destrucción de la economía y del empleo. Cuatro años después, se podrán discutir muchas cosas sobre el gobierno, menos aquella profecía del derrumbe inevitable; aunque quien intente evaluarlo no puede hacerlo como si hubiera gobernado con plena capacidad estatal, pues en realidad enfrentó múltiples bloqueos.
La economía no entró en recesión; al contrario, durante los cuatro años registró crecimiento sostenido, pasando de 0,8% a 2,6%. La inversión extranjera directa ha estado, en promedio, en US$14.000 millones, por encima del promedio de Iván Duque y Juan Manuel Santos II, que fue de US$12.000 millones, y solo superado por Juan Manuel Santos I, que alcanzó US$15.000 millones, aunque debido a la privatización de Isagen para invertir en infraestructura, una decisión que resultó muy costosa para el país cuando se pudo haber logrado mediante una reforma tributaria progresiva o mejorando el manejo de la deuda, entre otras opciones.
A propósito de deuda, esta se ha abaratado y hoy se pagan menores intereses por deuda externa. Por ejemplo, mientras hace un año el valor presente de la deuda externa era de US$47.000 millones, hoy es de US$30.000 millones. Conviene recordar que durante el gobierno Duque se perdió el grado de inversión con dos firmas calificadoras de riesgo y solo se mantuvo con una. Si la situación fiscal y de deuda hubiese sido catastrófica, esta calificación también se habría perdido, y eso no ocurrió.
En el frente internacional nunca llegó el aislamiento; al contrario, Colombia fue reconocida e invitada especial a múltiples espacios de discusión política global, puso temas en la agenda internacional, los discursos del presidente no pasaron desapercibidos, ni siquiera en Naciones Unidas, y se asumió la presidencia de Celac entre 2025-2026.
Tampoco hubo destrucción de la economía; por el contrario, se diversificaron la producción y las exportaciones, y el país dejó de depender de los sectores mineroenergéticos o extractivistas, dando paso a la agricultura; arte y entretenimiento; actividades financieras; administración pública, educación y salud; y actividades inmobiliarias. Se mejoró de manera notable el salario de los trabajadores, permitiéndoles acceder a más bienes de consumo e impulsar la economía y el empleo. El desempleo se redujo a los niveles más bajos de la historia (8,5%), demostrando que sí es compatible aumentar el salario bajo el criterio vital para que la economía crezca sin poner en riesgo los empleos, la inflación ni la informalidad, que también se ha reducido de 58% a 55%.
Estos resultados son aún más significativos si se tiene en cuenta que el gobierno no pudo manejar plenamente los instrumentos fiscales y enfrentó múltiples bloqueos institucionales desde el propio aparato estatal. La Corte Constitucional declaró inexequibles varias disposiciones de la reforma tributaria de 2022, golpeando fuertemente el recaudo tributario en $6,7 billones e impidiendo que el país avanzara en la aplicación del principio de progresividad, según el cual a mayor capacidad de ingresos, mayor tributación. Dicha Corte también tumbó dos emergencias económicas, impidiendo el recaudo de $9,6 billones.
Por su parte, el Congreso de la República negó dos leyes de financiamiento por $12 billones y $16,6 billones; no aprobó el presupuesto de 2025 y redujo el de 2026 en $10 billones. El Consejo de Estado suspendió decretos con medidas que esperaban recaudar $7 billones. En conjunto, estas decisiones bloquearon el ingreso de $62 billones, equivalentes a cuatro reformas tributarias.
Pese a que se gobernó con el poder formal de la Presidencia, pero sin el control completo de las herramientas económicas con las que tradicionalmente operaron los gobiernos anteriores, la economía no colapsó. A la gente se le hizo creer que ampliar derechos laborales, aumentar la inversión social, subir el salario, distribuir mejor el ingreso para reducir pobreza y desigualdades o cuestionar ciertas lógicas de mercado equivalía automáticamente a destruir la inversión y provocar crisis económicas. Quedó demostrado que no es así y que no se trata de objetivos incompatibles. Por lo tanto, una verdad incómoda para muchos es que el colapso que algunos anunciaron nunca llegó.