Contra los pronósticos de crisis, fuga de inversión, desempleo y deterioro económico, el gobierno del cambio deja una economía con mayor crecimiento que el esperado, menor pobreza y desigualdad, el desempleo más bajo del siglo y una recuperación del papel del Estado como motor del desarrollo y del bienestar.
Desde comienzos de la década de 1990, Colombia adoptó un modelo inspirado en los postulados neoliberales. La apertura económica, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la reducción del papel del Estado fueron presentadas como condiciones indispensables para alcanzar el crecimiento. Bajo esa lógica, la mejor política social consistía en favorecer la inversión privada, con la expectativa de que el mercado distribuyera sus beneficios. Cualquier intento por fortalecer los derechos laborales, ampliar la protección social o incrementar la intervención estatal era recibido con la misma advertencia de que disminuiría la inversión, aumentaría el desempleo y pondría en riesgo la estabilidad económica.
La elección del primer gobierno progresista representó el mayor cuestionamiento a este paradigma, no porque negara la importancia del crecimiento, sino porque propuso una premisa distinta: el desarrollo verdadero es aquel que se traduce en mejores condiciones de vida para la mayoría y donde el Estado asume un papel activo en la reducción de las desigualdades. Aunque el catastrofismo siempre estuvo presente, cuatro años de progresismo evidencian un balance diferente.
La economía no solo volvió a crecer, sino que lo hizo con una composición más equilibrada. Agricultura, turismo, obras civiles y manufactura ganaron protagonismo frente a la tradicional dependencia del sector minero-energético. La inflación quedó controlada entre 5% y 6%, el desempleo descendió a 8%, la cifra más baja de lo corrido del siglo; la pobreza monetaria pasó de 34,6% en 2023 a cerca de 28% en 2025; la pobreza extrema cayó de 12,6% a 9,6%, y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini disminuyó de 0,556 a 0,531. Lejos de los escenarios apocalípticos anunciados, Colombia termina este período progresista con una economía más dinámica y con mejores indicadores sociales.
Esta reducción de la pobreza no ha sido un accidente estadístico ni una consecuencia automática del crecimiento; es el resultado de decisiones como los incrementos reales del salario mínimo, la aplicación de la Renta Ciudadana, la ampliación de la protección social y la creación del Pilar Solidario para millones de adultos mayores sin pensión. Detrás de cada punto porcentual que disminuye la pobreza hay millones de familias que mejoraron sus ingresos, fortalecieron su seguridad alimentaria y ampliaron sus oportunidades.
También la reducción de la desigualdad cuestiona una de las premisas centrales del modelo neoliberal. Durante décadas se afirmó que primero era necesario concentrar riqueza para luego distribuirla, pero la experiencia reciente demuestra que las políticas públicas con enfoque progresista sí pueden influir en la distribución del ingreso y que es posible crecer mientras se reducen las brechas sociales.
Lo mismo ocurre con la relación entre competitividad y trabajo. Durante años se sostuvo que la competitividad dependía de reducir derechos laborales y abaratar el empleo. El gobierno progresista planteó una visión distinta, donde el trabajo no es un costo que debe minimizarse, sino el fundamento de la riqueza colectiva. La aprobación de la reforma laboral orientada a recuperar derechos, junto con la reducción del desempleo a mínimos históricos, derrumba la idea de que proteger al trabajador era equivalente a destruir empleos.
Estos resultados responden también a una concepción diferente del Estado. Frente a la idea de un Estado mínimo y limitado a garantizar el funcionamiento de los mercados, el progresismo reivindicó su papel como orientador del desarrollo, impulsor de la transformación productiva y garante de derechos. La reforma pensional, el fortalecimiento de la economía popular, las políticas de reindustrialización, el apoyo a la agricultura campesina, la entrega de tierras y la transición energética expresaron esa visión.
Ahora bien, el país sigue enfrentando enormes desafíos, pues persisten brechas sociales y territoriales, la productividad continúa siendo insuficiente y la transformación productiva apenas comienza. Consolidar los avances exigirá fortalecer la educación pública, profundizar la industrialización, cerrar las brechas rurales y acelerar la transición hacia una economía de mayor valor agregado.
Las cifras permiten concluir que el país avanzó en aspectos fundamentales, no solo porque la economía recuperó dinamismo, sino porque una mayor parte de los beneficios del crecimiento llegó a los sectores históricamente excluidos. Esa es la principal enseñanza que deja el progresismo: la estabilidad económica y la justicia social no son objetivos incompatibles.
Durante tres décadas se sostuvo que la redistribución debía esperar, que los derechos laborales eran un obstáculo para la competitividad y que el Estado debía limitarse a garantizar el funcionamiento de los mercados.
La experiencia del gobierno progresista puso en cuestión los principales postulados neoliberales. El legado económico no consiste únicamente en haber dejado mejores indicadores, sino en demostrar que el crecimiento económico adquiere mayor legitimidad y sostenibilidad cuando se acompaña de redistribución, ampliación de derechos y un Estado capaz de orientar el desarrollo hacia el bienestar colectivo.