Desde la radicación del proyecto de ley de financiamiento no se ha escuchado una crítica con argumentos sólidos y verdaderos sobre su contenido, al contrario, se activó el discurso automático del ruido, la desinformación y el pánico. Por primera vez en la historia reciente, se propone una estructura fiscal que no recae sobre personas de ingresos bajos y medios o la clase trabajadora, sino que mira las grandes fortunas y los privilegios que por años han gozado.

Esa es la incomodidad, pues la ley toca privilegios, enfrenta la evasión y la elusión, y obliga a grandes capitales a contribuir con la responsabilidad que les corresponde. Afirmar que la ley golpea al colombiano promedio y trabajador es falso porque equivale a sostener que todos tienen un patrimonio superior a $1.991 millones sin incluir la vivienda de uso habitacional, lo cual a todas luces es engañoso y representa un insulto, pues ningún campesino, maestro o trabajador posee ese patrimonio.

Quienes se resisten al proyecto de ley utilizan el libreto conocido del miedo buscando que les defiendan sus rentas y privilegios. De ahí la importancia de la pedagogía y de movilizar esfuerzos, pues convertir la desinformación en estrategia no es debate, es demagogia.

En materia de IVA, el proyecto no contempla gravar la canasta familiar. Otra falsedad. Lo que se reconoce es que el IVA representa la mayor pérdida de recaudo debido a la existencia de deducciones, exenciones, tarifas reducidas y otros tratamientos especiales. Por ello, se identificaron aquellos bienes y servicios que no tributan o necesitan ser ajustados, como los juegos de suerte y azar operados por internet (19%), vehículos híbridos y bebidas alcohólicas (pasan de 5% a 19%).

También se eliminan algunos privilegios de IVA, como los servicios turísticos para extranjeros y se retiran los beneficios tributarios que tenían los combustibles -alcohol carburante, biodiesel, gasolina y Acpm-, buscando que el precio refleje, no sólo los costos de producción, sino también los costos sociales que se producen por la contaminación y las enfermedades que generan. La aplicación del impuesto será gradual y diferenciada, por ejemplo, gasolina y Acmp pasarán de 5% a 10% en 2026 y en 2027 gasolina pasa a 19%, mientras que Acpm lo hará en 2028. Claramente es una ley que beneficiará al siguiente gobierno.

Tampoco es cierto que se vayan a gravar los ingresos de los trabajadores, pues lo que contempla el proyecto es subir uno o dos puntos para quienes tienen ingresos brutos superiores a $10 millones mensuales. El promedio de ingresos en Colombia está lejos de este monto.

Por otra parte, las ganancias ocasionales y dividendos al exterior pasan de 20% a 30%; se amplía la sobretasa al sector financiero de 5% a 15% con el propósito de equiparar las condiciones tributarias entre los distintos sectores y avanzar en equidad tributaria, reconociendo sus niveles de rentabilidad.
En coherencia con la transición energética, se contempla la sobretasa al carbón para igualar las reglas entre actividades de alto impacto ambiental, aunque se activaría sólo en ciclos de precios altos y protegiendo a las pequeñas y medianas empresas del sector.

La ley de financiamiento representa un paso firme hacia un sistema tributario más justo y responsable. Resistirse a su aprobación en nombre de falsos miedos para proteger privilegios, es negar la necesidad de avanzar en la sostenibilidad fiscal, la progresividad real y la materialización de mejor inversión social que ponga freno a la desigualdad.

La verdadera disyuntiva tal vez no está entre aprobar o no la ley, sino entre seguir atrapados en la demagogia que promueve una minoría que busca conservar sus privilegios y una mayoría trabajadora que se quiere desprender de esa tradición. Por eso el debate no es sólo técnico y representa una definición política de país.