Cada vez que aparecen dificultades fiscales surge la misma propuesta: reducir el Estado. Se presenta como una solución obvia, técnica y responsable. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existe un diagnóstico equivocado sobre los problemas del país y una visión limitada sobre el papel que cumple el Estado en el desarrollo económico y social.

Desde finales de los años ochenta, América Latina experimentó profundas reformas orientadas a reducir la intervención estatal bajo la promesa de que los mercados asignarían mejor los recursos, impulsarían el crecimiento económico y generarían prosperidad para todos.

Sin embargo, los resultados fueron heterogéneos y, en muchos casos, coexistieron con altos niveles de desigualdad, concentración del ingreso, debilidad institucional y limitada capacidad estatal para garantizar derechos, regular mercados y promover el desarrollo productivo.

Por eso, cuando hoy se propone nuevamente reducir el Estado, la primera pregunta no debería ser qué entidad cerrar o fusionar, sino cuál es exactamente el problema que se pretende resolver. Los promotores de esta idea suelen afirmar que el gasto público es excesivo o insostenible.

No obstante, rara vez explican que los problemas fiscales tienen múltiples causas. El déficit no surge únicamente porque el gasto aumente, sino también porque los ingresos son insuficientes. Colombia sigue teniendo amplios espacios para avanzar hacia una mayor progresividad tributaria, combatir privilegios fiscales injustificados y aumentar la tributación efectiva de grandes patrimonios y rentas de capital. Ignorar esta dimensión conduce a diagnósticos incompletos y, por tanto, a soluciones equivocadas.

Además, una parte importante de las dificultades fiscales recientes no puede entenderse sin considerar las decisiones institucionales que han limitado la capacidad de recaudo del Estado.

Las inexequibilidades de la Corte Constitucional, las negaciones legislativas de iniciativas de financiamiento y las suspensiones de medidas tributarias por parte del Consejo de Estado han tenido efectos significativos sobre los ingresos públicos. Sin embargo, estos elementos suelen desaparecer del debate cuando se intenta presentar la reducción del Estado como única alternativa.

Tampoco resulta riguroso sostener que el ajuste fiscal puede lograrse simplemente recortando el gasto. Más de 90% del presupuesto nacional está determinado por obligaciones constitucionales y legales relacionadas con pensiones, salud, educación, transferencias territoriales y servicio de la deuda.

Esto significa que la mayor parte del gasto no puede eliminarse mediante decisiones administrativas o discursos de austeridad. Quienes presentan el recorte del Estado como una solución inmediata suelen ignorar esta realidad jurídica y presupuestal. Por supuesto, toda entidad pública debe demostrar su utilidad y toda política pública debe estar sometida a evaluación permanente.

Combatir la corrupción, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia administrativa son objetivos legítimos y necesarios. Pero una cosa es mejorar el funcionamiento del Estado y otra muy distinta debilitar sus capacidades. Confundir burocracia innecesaria con capacidad estatal es uno de los errores más frecuentes en este debate.

Los resultados sociales recientes ilustran por qué esta diferencia es importante. Entre 2024 y 2025 la pobreza monetaria se redujo de 31,8% a 28%, lo que representa cerca de 1,7 millones de personas que dejaron atrás esa condición. La pobreza extrema cayó de 11,7% a 9,6%, equivalente a un millón de personas.

Al mismo tiempo, la desigualdad también disminuyó, reflejada en la reducción del coeficiente de Gini de 0,551 a 0,531. Estos avances no ocurrieron en el vacío; están asociados, entre otros factores, al crecimiento de los ingresos laborales y a la acción de políticas públicas financiadas con recursos estatales.

Por eso el gasto público no puede analizarse exclusivamente como una presión sobre el déficit. Una parte importante del gasto social constituye una inversión que mejora capacidades humanas, reduce desigualdades, fortalece la cohesión social, estimula la demanda interna y genera retornos económicos futuros. Evaluar únicamente el costo y omitir los beneficios conduce a conclusiones parciales.

La experiencia internacional también ofrece una lección relevante. Los países con mayores niveles de bienestar, productividad y desarrollo institucional no construyeron su éxito a partir de Estados débiles. Por el contrario, cuentan con administraciones públicas sólidas, sistemas tributarios robustos y una elevada capacidad para recaudar, regular e invertir, como es el caso de Dinamarca, Suecia, Noruega y Alemania. Su fortaleza no proviene de tener menos Estado, sino de tener mejores Estados.

La discusión que Colombia necesita no es si debe existir más o menos Estado. Esa es una falsa dicotomía. El verdadero debate consiste en cómo construir un Estado más capaz, eficiente, transparente y con mayor capacidad fiscal para responder a los desafíos del desarrollo.

Reducir indiscriminadamente el Estado puede ser una consigna políticamente atractiva, pero difícilmente constituye una estrategia seria para enfrentar los problemas estructurales del país. La cuestión central no es el tamaño del Estado, sino su capacidad para garantizar derechos, promover oportunidades, reducir desigualdades y construir un desarrollo sostenible para todos.