La política rural se ha caracterizado a través de los años, por la ausencia de una visión de largo plazo, la priorización de temas coyunturales sobre las necesidades estructurales del sector, una falta de articulación institucional, la politización de entidades oficiales y una limitada asignación de recursos públicos para inversión que impide saldar las deudas históricas que existen con la ruralidad. Además, la inseguridad en zonas rurales y la falta de una decidida provisión de bienes públicos se convierten en limitantes para el desarrollo y la competitividad de los productores agropecuarios.
Sumado a lo anterior, en los últimos dos años el agro se ha visto afectado por cuatro eventos que tendrán repercusiones aun cuando inicie el nuevo gobierno: Los efectos de la pandemia sobre el empleo que generaron una seria reducción del consumo de alimentos en 2020. Los más de 3 mil bloqueos a las carreteras que en mayo de 2021 pusieron en jaque la seguridad alimentaria del país y que en un solo mes se reflejaron en una inflación de alimentos superior al 5%. La crisis en las cadenas de suministro que incrementó seriamente los costos de producción agropecuarios en 2021. Finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado un incremento en el costo de insumos y serias preocupaciones por lo que pueda ocurrir en materia de abastecimiento y por ende en materia de seguridad alimentaria mundial como lo ha advertido la FAO.
Así, desde la SAC y sus afiliados, el pasado 24 mayo le planteamos al próximo presidente tres recetas, para desarrollar por fin el campo.
Primero, la seguridad alimentaria: Debe ser pilar de la estrategia de seguridad nacional y debe contar con el apoyo decidido del estado para habilitar y garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable. La seguridad jurídica de la tierra y la seguridad en el territorio, la dignificación del empleo rural, la lucha contra la informalidad laboral, los recursos necesarios para crédito y aseguramiento agropecuario, el fortalecimiento de la política nacional de insumos, y no alterar el tratamiento de IVA al sector agropecuario y la alimentación de los colombianos, hacen parte de esta receta.
Segundo, la dotación de bienes públicos rurales con sólidos compromisos presupuestales: Si hay un compromiso serio en materia presupuestal por los próximos cuatro años, esta receta se podrá convertir en uno de los mayores dinamizadores del sector agropecuario y de su empleo. Recursos e inversión en vías, distritos de riego, educación y formación, conectividad digital, entre otros y un sólido presupuesto para beneficiar a las más de 5 millones de mujeres rurales debe ser una realidad. La creación de un Ocad Agro y el compromiso de montos reales de inversión en la ruralidad de todos los ministerios también hacen parte de esta receta. La despolitización de las entidades públicas sectoriales se convierte en un preciado bien público para nuestros productores.
Finalmente, la definición de la política rural de largo plazo y su articulación con la institucionalidad agropecuaria: Además de destinar el presupuesto necesario para cumplirle a la ruralidad, es clave que el diseño e implementación de las buenas políticas rurales se garanticen por varios periodos presidenciales, y que su enfoque sea regional y de cada uno de los sectores que hacen parte del agro colombiano. La articulación del gobierno nacional con los gobernadores y alcaldes en lo público, y con los gremios de la producción como representantes de los productores de los diferentes sectores que conforman la economía rural, resulta estratégica para el éxito del diseño e implementación de políticas en el territorio.
Sí, son tres recetas con muchos ingredientes, pero el próximo Presidente y el próximo Congreso no pueden olvidar que a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos, el campo tiene un atraso de décadas. Siendo un sector que ha demostrado ser resiliente y estratégico para la seguridad nacional, debe tener toda la atención del Estado.
¡Es momento de que Colombia le cumpla al campo!