En días recientes, durante la presentación del informe de la Misión de Descentralización, surgió una propuesta llamativa para reformar la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) entre las entidades territoriales (departamentos, municipios y territorios nacionales).

Este informe, respaldado por estimaciones sofisticadas y guiado por un enfoque de transición energética justa, propone no solo una distribución más equitativa sino también abordar asimetrías particulares en cada una de estas instancias. A pesar de estos esfuerzos, surgió un debate sustancial cuando el director de Planeación, Jorge Iván González, cuestionó la arraigada lógica de repartir recursos basándose en porcentajes.

Este debate abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la persistencia de la lógica de porcentajes en las decisiones políticas de Colombia. Más allá de ser un simple debate técnico, se convierte en una exploración crítica sobre cómo estas cifras aritméticas condicionan la asignación de recursos y, por ende, el desarrollo del país.

El porcentaje, desde un punto de vista aritmético, es una medida que expresa la proporción o relación de una parte con respecto al todo. Se calcula dividiendo la parte entre el todo y multiplicando el resultado por 100 para obtener el valor en términos porcentuales.

Históricamente, el cálculo de porcentajes ha sido una herramienta clave para distribuir los recursos provenientes del presupuesto gubernamental de la nación, de los presupuestos de las entidades territoriales, del Sistema General de Participaciones (SGP), del Sistema General de Regalías (SGR), de los objetivos de inflación por parte del Banco de la República, del salario mínimo, de las tasas de interés, entre otros. La evolución de los porcentajes supuestamente debe reflejar los cambios en las prioridades, demandas y estructuras socioeconómicas a lo largo del tiempo.

La asignación de estos porcentajes involucra a una serie de actores. Los políticos, quienes toman decisiones en el Congreso y a menudo votan de acuerdo con sus intereses personales, han sido una fuerza determinante en la formulación de políticas y la asignación de recursos.

Su participación en la definición de porcentajes, muchas veces basada en decisiones a dedo y en intereses particulares, ha contribuido significativamente a la configuración de las políticas y el gasto público.

Los empresarios han persistido en la búsqueda constante de aumentar sus ganancias de manera considerable. A su vez, sindicatos como FECODE y otras organizaciones laborales han abogado incansablemente por condiciones laborales equitativas y beneficios para los trabajadores.

Los gremios, encargados de representar los intereses de sectores específicos, también han dejado su marca en la configuración de los porcentajes que determinan las políticas y el gasto público. Por otro lado, sectores cruciales como la educación, demandando asignaciones significativas, han influido de manera notable en la determinación de dichos porcentajes.

Estos grupos, al ejercer presión y participar en la formulación de políticas, han contribuido a modelar la asignación de recursos basada en porcentajes, afectando directamente la dirección y prioridades de las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, este enfoque ha generado interrogantes sobre su efectividad en la construcción de una sociedad más justa, ya que a menudo ha resultado en tensiones entre los intereses de diversos actores y los objetivos de desarrollo equitativo.

Este análisis resalta cómo la relación numérica de los porcentajes no solo es el resultado de una fórmula matemática, sino también un reflejo de las dinámicas y negociaciones entre diferentes actores en la sociedad. La evolución de estos porcentajes a lo largo del tiempo revela la constante lucha y negociación entre los diversos intereses presentes en la toma de decisiones y la asignación de recursos.

La pregunta que se plantea de manera natural es: ¿por qué seguimos aferrándonos a esta lógica de porcentajes en la distribución de los recursos financieros del país? Para entender esto, es crucial analizar cómo estos porcentajes han llegado a ser el fundamento de todas las decisiones de política económica.

En lugar de reflejar necesidades reales y lógicas específicas, estos números han sido modelados a lo largo del tiempo por fuerzas políticas, económicas y sociales, generando asimetrías y desequilibrios en el tejido social de la nación.

La política de distribución basada en porcentajes para los recursos nacionales, los objetivos de política y demás, no ha experimentado cambios significativos, manteniendo grandes disparidades en todos los ámbitos. Actualmente, los porcentajes se han convertido en una restricción para el crecimiento mismo de la nación.

Darío Restrepo, director de la Misión de Descentralización, proporciona una perspectiva esclarecedora al afirmar que el porcentaje que actualmente guía nuestras decisiones y define la asignación de recursos a diversos sectores es el resultado del peso acumulado por las manifestaciones de diferentes estamentos de la sociedad colombiana, como políticos, sindicatos, agremiaciones y el sector financiero, entre otros.

No obstante, aunque este enfoque ha sido una constante en la toma de decisiones, es crucial cuestionarnos por qué persisten notables asimetrías en diversos aspectos de Colombia. ¿Por qué, a pesar de estas manifestaciones y asignaciones de porcentajes, aún enfrentamos desafíos significativos, como un 36% de la población en situación de pobreza, una tasa de indigencia del 12%, un coeficiente de Gini de 0.54% y una informalidad laboral del 57%, entre otros?

Explorar estas interrogantes es fundamental para entender la eficacia real de la asignación basada en porcentajes y para identificar posibles ajustes que lleven a resultados más equitativos y sostenibles para el país.

Hace poco mencionábamos las tres reglas fiscales que rigen en Colombia (Balance, deuda, y gasto), pero la realidad es que el país está sometido a una variedad de reglas fiscales. Tenemos normativas sujetas a porcentajes para la distribución del presupuesto, para el nivel de endeudamiento, para la asignación del Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR), así como para los gastos de funcionamiento. Incluso tenemos reglas para evaluar las indemnizaciones en casos de fallecimiento accidental, las cuales se expresan como un porcentaje del salario mínimo.

Estas reglas, en lugar de adaptarse dinámicamente a las necesidades cambiantes de la sociedad, han contribuido a mantener estructuras rígidas que pueden no estar alineadas con las realidades actuales y futuras del país.

En este contexto, la intervención del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se vuelve fundamental. Su cuestionamiento a la lógica de asignar recursos basándose en porcentajes destaca la imperante necesidad de cambiar nuestra concepción sobre la distribución de recursos. La propuesta de entender primero la realidad del país antes de asignar porcentajes sugiere un enfoque más centrado en las necesidades específicas y en datos objetivos.

Esta iniciativa, si se implementa de manera efectiva, podría marcar un cambio significativo en la forma en que abordamos los desafíos y las desigualdades persistentes en Colombia.

En respuesta a la inquietud expresada por el director del DNP, abogamos por que la asignación de los recursos nacionales siga una lógica que se ajuste a la realidad del país. Es un error pensar que el país y el mundo continúan siendo como en épocas pasadas.

En este sentido, proponemos que la asignación se realice en sincronía con indicadores generacionales más detallados y específicos, normalizados con elementos estadísticos más estructurados. Esto implica la creación de un sistema de indicadores generacionales que refleje con precisión la realidad del país y clasifique estos indicadores según su importancia, proporcionando así una herramienta más precisa para determinar las prioridades nacionales.

Indudablemente, consideramos que el primer indicador generacional que debe recibir una participación significativa en los recursos financieros del país es la riqueza natural. Esta no solo representa un recurso crucial para el presente, sino que constituye la base primordial para un desarrollo sostenible a largo plazo.

En lo que respecta a la educación y la salud, debemos evaluar el nivel de importancia que poseen en la actualidad.

Es un hecho conocido que en la actualidad existe un trade-off entre la expansión de la cobertura educativa y la mejora de la calidad educativa. La cuestión se centra en determinar si vale la pena persistir en inversiones considerables para ampliar la cobertura o si debemos dirigirnos de manera decidida hacia una mejora significativa de la calidad educativa. Este dilema adquiere una relevancia aún mayor al considerar los resultados menos favorables obtenidos en pruebas internacionales como Pisa.

El sistema de salud también demanda un análisis profundo y una nueva clasificación, teniendo en cuenta la multitud de problemas que presenta en la actualidad y la crisis que atraviesa, la cual pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud en el país.

Finalmente, es fundamental recalibrar la calificación asignada al porcentaje de gasto en defensa, otorgándole una posición menos predominante. En su lugar, propongo otorgar una mayor importancia a la generación de empleo como una estrategia fundamental para mitigar el problema de la inseguridad. Redirigir recursos hacia iniciativas que impulsen la empleabilidad puede tener un impacto más directo en la estabilidad social.

Además, se sugiere dar prioridad a la investigación en tecnología de alto nivel, reconociendo su potencial para el avance económico y social del país. Estos ajustes y la creación de los indicadores generacionales contribuirán a una asignación presupuestal y un enfoque más equitativo y alineado con las necesidades apremiantes de Colombia.