El Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) es una herramienta esencial para establecer las proyecciones económicas y fiscales de Colombia en la próxima década. Ofrece una visión clara de los ingresos, gastos y metas de crecimiento, convirtiéndose en un recurso valioso para la formulación de políticas públicas. Este documento es presentado anualmente por el Gobierno al país y al Congreso, actualizando las proyecciones y analizando el desempeño económico del año anterior. Sin embargo, es crucial considerar que el Mfmp es, en esencia, una proyección sujeta a diversas incertidumbres. Factores como las fluctuaciones en el entorno global, cambios en las condiciones macroeconómicas internas y variaciones inesperadas en los precios de los commodities pueden dar lugar a desviaciones significativas respecto a las expectativas planteadas. Por consiguiente, este margen de error subraya la necesidad de reevaluar y ajustar continuamente las estrategias fiscales para mantener el equilibrio.

En este contexto, las proyecciones del Mfmp para 2025 establecen objetivos que, aunque ambiciosos, enfrentan considerables desafíos. Se anticipa un crecimiento del PIB de 1,7% para 2024 y de 3,0% para 2025. Sin embargo, al analizar las condiciones macroeconómicas actuales, se observa que el logro de estas metas dependerá de un entorno más favorable. Los principales motores del crecimiento por el lado de la demanda-como el consumo de los hogares, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas-se encuentran ante obstáculos significativos que podrían restringir su efectividad.

El consumo de los hogares, un componente fundamental del PIB, se ve afectado por el aumento del desempleo y las elevadas tasas de interés. La falta de inversión y el enfriamiento de sectores productivos han reducido los ingresos de las familias, limitando así su capacidad de gasto. A su vez, el Banco de la República aún mantiene una tasa de interés alta (10,75%) con el objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, el agregado monetario M2, que abarca el dinero en circulación y depósitos a la vista, representa menos de 48% del PIB. Esto sugiere que la inflación no puede ser explicada únicamente por factores monetarios. Por lo tanto, aunque se proyecta una inflación de 5,3% para 2024, que disminuiría a 3,2% en 2025 -casi alcanzando la meta del Banco de la República de 3%- es poco probable que el poder adquisitivo de los hogares mejore de manera significativa en el corto plazo.

La inversión privada en Colombia enfrenta un entorno desafiante, marcado por las decisiones controvertidas del gobierno actual y sus propuestas de reformas, que han generado incertidumbre y debilitado la confianza empresarial, limitando el flujo de nuevas inversiones. Este panorama se complica aún más por el aumento del gasto público, que intensifica el “efecto expulsión” al desplazar al sector privado en la competencia por recursos financieros.

Además, las elevadas tasas de interés incrementan el costo del crédito y desincentivan la inversión productiva, restringiendo así la capacidad de las empresas para financiar proyectos que impulsen el crecimiento económico. Por lo tanto, el acceso al crédito es crucial; sin embargo, según César Ferrari, superintendente Financiero, “los niveles de crédito que tenemos en la economía son ridículos: 42,89% del PIB, con corte a junio de 2024”. Esta situación resalta la necesidad de un sistema financiero más sólido que potencie el crédito, favorezca la inversión privada y reduzca la dependencia del financiamiento externo, contribuyendo así a un desarrollo económico sostenible.

El gasto público, que en teoría podría ser un motor para el crecimiento, está severamente limitado por el tamaño del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública. El presupuesto proyectado para 2025, que asciende a $523 billones, refleja una disminución en la inversión pública de 17,4%, mientras que los pagos de la deuda aumentan considerablemente en 19,1%, reduciendo significativamente el margen para financiar iniciativas que impulsen la generación de empleo y el crecimiento económico. A esto se suma el hecho de que dicho presupuesto está subfinanciado, con estimaciones como las del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que sitúan el desbalance por encima de los $30 billones. Aunque el gasto público nominal pueda aumentar, su impacto real se diluye si gran parte se destina al servicio de la deuda en lugar de a sectores estratégicos que podrían fomentar el desarrollo y la productividad del país.

En el frente de las exportaciones, el panorama se presenta igualmente desafiante. La caída en los precios del petróleo, que se prevé en torno a US$83 y US$80 para 2024 y 2025, respectivamente, junto con la desaceleración de las economías de los principales socios comerciales de Colombia, cuyas tasas de crecimiento se proyectan en 2,4% y 2,3%, limitan las posibilidades de que las exportaciones contribuyan al crecimiento económico. Aunque la depreciación del peso, con una Tasa de Representación del Mercado (TRM) que se estima en $3.997 y $4.179, podría mejorar la competitividad de las exportaciones, la demanda global sigue siendo débil. Además, la falta de diversificación en la estructura productiva y los problemas persistentes en el sector energético, sumados a un balance de cuenta corriente proyectado en -2,6% y -2,5% del PIB para 2024 y 2025, respectivamente, impiden un aumento significativo de las exportaciones

En este contexto, las metas de crecimiento para 2025 establecidas en el Marco Fiscal parecen cada vez más difíciles de alcanzar. La combinación de un entorno económico incierto, restricciones en el gasto público y la falta de inversión productiva plantea serios obstáculos. Para que Colombia pueda revertir esta tendencia y acercarse a las proyecciones de crecimiento, es imperativo implementar estrategias que fortalezcan la confianza empresarial, optimicen el uso de los recursos disponibles y fomenten un entorno favorable para la inversión. Solo así se podrá aspirar a un crecimiento económico sostenible y a la realización de las ambiciosas metas planteadas.