Las finanzas públicas de Colombia se encuentran en una encrucijada que requiere un análisis profundo. El recientemente aprobado presupuesto general de la nación para 2024 asciende a una cifra significativa de $502,6 billones, lo que equivale a 29,6% del PIB. Esto representa un incremento de 3,3% con respecto a 2023, cuando el presupuesto representó 26,3% del PIB.

Es fundamental subrayar que los ingresos corrientes siguen siendo la columna vertebral del financiamiento del presupuesto, contribuyendo con 63% del total. En términos absolutos, se anticipa la recaudación de un monto adicional de $42 billones, lo que plantea un desafío considerable. Por otro lado, los ingresos derivados de recursos de capital representan 28% del presupuesto, alcanzando un total de $33 billones, también superando las tendencias previas.

Un aspecto destacado reside en el notorio crecimiento de los ingresos derivados de recursos de capital, los cuales aumentan en 30% entre 2023 y 2024. Este crecimiento contrasta con la tasa de aumento de los ingresos corrientes, que se sitúa en 15%. Esta disparidad presenta un desafío adicional.

En este contexto, uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos es determinar si la tarea de recaudar $75 billones adicionales en comparación con la tendencia histórica representa un reto significativo. Esto se vuelve aún más complejo debido a las circunstancias económicas y la incertidumbre generada por los conflictos internacionales. Esta incertidumbre abarca factores clave como el comportamiento del PIB, las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio, lo que suscita dudas sustanciales sobre nuestra capacidad para cumplir con los $502,6 billones aprobados en el presupuesto.

En lo que respecta a los gastos, el panorama presenta desafíos igualmente significativos. La distribución de los gastos entre funcionamiento (61,7%), inversión (19,5%), y servicios de la deuda (18,8%) no experimentará cambios sustanciales en comparación con 2023. No obstante, es fundamental destacar que el mayor incremento entre 2023 y 2024 se registra en los servicios de la deuda (20,4%), superando los gastos de funcionamiento (18,9%) e inversión (17,5%). Este escenario plantea un dilema importante en lo que respecta a la inversión y la gestión de la deuda.

Entre 2023 y 2024, se observa un notable aumento en el servicio de la deuda, que pasa de $78,5 billones a $94,5 billones en este período, representando un incremento de $16 billones. La relación entre el servicio de la deuda y la inversión ha alcanzado niveles preocupantes, incluso en las primeras versiones del presupuesto para 2024, el servicio de la deuda superaba a la inversión.

No obstante, gracias a las últimas modificaciones introducidas durante los debates en el Congreso, la inversión, valorada en $97,8 billones, logró superar al servicio de la deuda por una diferencia de apenas $3,3 billones. A pesar de esta mejora, la situación continúa generando inquietud, ya que, si para 2025 el servicio de la deuda volviera a superar la inversión, representaría una seria amenaza para las perspectivas de crecimiento del país y la estabilidad de las finanzas públicas. Existen estimaciones que sugieren que la deuda podría alcanzar los $125 billones, superando significativamente el nivel de inversión. Esto no solo comprometería el crecimiento económico, sino que también socavaría la gestión eficiente de las finanzas públicas.

El país se vería atrapado en una dinámica en la que la mayor parte de los recursos se destinarían al pago de deuda, reduciendo cada vez más el margen disponible para inversiones cruciales en áreas como educación, salud e infraestructura. Esto comprometería el desarrollo sostenible de la nación y la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, lograr un equilibrio entre el servicio de la deuda y la inversión se convierte en un desafío crítico para garantizar tanto la estabilidad financiera como el bienestar de Colombia.

La situación planteada nos conduce a una profunda reflexión sobre los factores que están impulsando el crecimiento de la deuda y la imperativa necesidad de hallar correcciones y soluciones efectivas. Sin duda, existen múltiples problemas que están impactando las finanzas públicas, y uno que está generando un hueco significativo es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) ha enfrentado desafíos significativos que han repercutido en las finanzas públicas de Colombia. Hasta 2019, este fondo acumuló un déficit fiscal de $17 billones, y en 2022, se registró un histórico déficit de $36,7 billones, equivalente a 2,5% del PIB. En 2023, el gasto relacionado con el Fepc alcanzó 1,6% del PIB, generando obligaciones gubernamentales por un total de $26,3 billones. Se estima que estas responsabilidades alcancen los $20 billones para diciembre de 2023, lo que implica que el Fepc absorberá la mayor parte de los recursos generados por la reforma tributaria de 2022. Esta situación plantea un desafío importante para la estabilidad de las finanzas públicas y la capacidad de inversión del país.

Para abordar esta problemática de manera efectiva y progresiva, el gobierno central debe tomar medidas concretas que permitan sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y eliminar su dependencia de los precios internacionales. Una estrategia es cumplir con el pago del déficit del Fepc de forma gradual y planificada, respetando las obligaciones acumuladas durante la vigencia fiscal siguiente. Este enfoque asegurará una gestión responsable de las deudas y evitará la acumulación descontrolada de déficits.

Además, es fundamental reducir la transferencia de recursos del gobierno al déficit del Fepc. Esta medida eliminará los subsidios implícitos relacionados con el consumo de combustibles líquidos a través del fondo, alineando el gasto primario con los programas clave del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, de promover la eficiencia en el gasto, esta acción contribuirá a la transición energética justa y al avance tecnológico en el sector de transporte, mejorando la situación fiscal de Ecopetrol.

Sin embargo, una opción a largo plazo que merece consideración es la eliminación gradual del Fepc. Esta estrategia requeriría un enfoque cuidadoso y una transición bien planificada, asegurando un equilibrio entre los precios internacionales y locales de los combustibles. El objetivo es liberar gradualmente al país de la necesidad de mantener este fondo y cerrar la brecha fiscal. Esto no solo corregiría la regresividad del subsidio a los combustibles fósiles, sino que también permitiría un mayor gasto en políticas sociales y de transición energética del gobierno nacional. La eliminación progresiva del Fepc es la cla-ve para salir de la encrucijada financiera actual y garantizar finanzas públicas más saludables.