En meses previos, resalté la encrucijada que enfrentaban las finanzas públicas, enfatizando la urgencia de hallar soluciones para evitar una crisis inminente. Resultaba claro que era necesario revisar minuciosamente las proyecciones de ingresos y adoptar estrategias efectivas para aumentar la recaudación. Además, era imprescindible abordar los desafíos relacionados con los $10 billones sin respaldo jurídico debido a litigios patrimoniales, y los $6 billones adicionales provenientes de la no deducibilidad de regalías. La suma de estos montos, junto con la baja ejecución en la recaudación, ponía de manifiesto un déficit considerable en el equilibrio financiero del país.

A pesar de las advertencias y críticas previas sobre los errores en los cálculos del gobierno, es preocupante la respuesta tardía del presidente y su ministro de hacienda. Como líderes del país, deberían mostrar una capacidad más sólida de anticipación ante los acontecimientos.

La reacción tardía del gobierno incluyó conversaciones con el congreso para presentar una reforma tributaria que reduciría el impuesto corporativo. Aunque se argumenta que esta medida busca estimular la economía y contrarrestar la baja proyección de crecimiento para 2024 (1,5%, una cifra mediocre), existe la preocupación de que desvíe la atención de las verdaderas necesidades económicas y sociales del país. Posteriormente, se planteó flexibilizar la regla fiscal con un aumento en el cupo de endeudamiento hasta por US$17.607 millones.

Sin embargo, esta estrategia, aunque podría proporcionar cierto alivio a corto plazo, suscita dudas sobre su efectividad para abordar los problemas estructurales de la economía. Más recientemente, se ha propuesto una reducción de $20 billones, enfocada principalmente en gastos operativos e inversión, que ya están bastante ajustados. Sin embargo, instituciones como el Banco de Bogotá sugieren que esta reducción podría no ser suficiente, planteando la necesidad de recortar hasta $40 billones para cumplir con las reglas fiscales sin afectar negativamente a los agentes económicos, internos y externos.

La crisis financiera que está empezando a sacudir las finanzas públicas es una señal de alarma que no podemos ignorar. La situación se agrava con los compromisos financieros que el gobierno debe afrontar entre junio y julio, con aproximadamente $12 billones destinados al Fondo Monetario Internacional, FMI, y a los Títulos de Tesorería, TES. Este escenario también plantea interrogantes sobre el futuro del plan de desarrollo, ya que 83% de su financiamiento proviene del presupuesto, distribuido en 50% del Presupuesto General de la Nación, PGN, 23% del Sistema General de Participaciones, SGP, y 9% de los ingresos de empresas de servicios públicos.

Por otro lado, el mediocre crecimiento de 0,7% del PIB registrado durante el primer semestre parece haber sido impulsado en gran medida por el Gasto Público. Ahora surge la pregunta: ¿qué sucederá después? Nos enfrentamos a una situación en la que solo podemos confiar en el impulso del consumo y la inversión, ambos componentes vitales de la demanda agregada. Sin embargo, con las altas tasas de interés y el escepticismo generalizado hacia la actual administración, el semáforo parece estar en rojo brillante. A menos que haya un cambio significativo en el rumbo, es probable que nos enfrentemos a graves consecuencias sociales y económicas para todos los colombianos. Es esencial abordar esta situación con urgencia y tomar medidas efectivas para evitar un posible desastre.