Desde su instauración en 2007, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) en Colombia ha buscado mantener la estabilidad de los precios de la gasolina y el diésel. Sin embargo, los costos asociados a este fondo han resultado ser elevados, impactando negativamente las finanzas del país y su desarrollo económico.

Actualmente, el Fepc enfrenta un déficit abrumador que supera los $30 billones, acumulando una deuda considerable con Ecopetrol, la empresa estatal de petróleo. Este pasivo aumenta debido a que el gobierno se ve obligado a elevar los precios de los combustibles para cubrir el déficit del Fepc. Por ejemplo, el costo del diésel ha subido un 62,17%, pasando de $9.650 a $15.650 por galón. Este incremento afecta no solo las tarifas de transporte, sino también el costo de vida, especialmente para los hogares de estratos 1 a 3, donde el aumento en el transporte urbano puede representar hasta 10% del salario mínimo.

El reciente paro de camioneros, aunque breve, evidenció la creciente tensión en el sector del transporte debido al alto costo del diésel, exacerbado en parte por el Fepc. La protesta, que demandaba una reducción en los precios y compensaciones, interrumpió la cadena de suministro y subrayó el impacto negativo de estos altos costos en la economía nacional. Es probable que los efectos de esta situación se reflejen en la inflación de septiembre. Además, el reciente ajuste de $800 en el precio del diésel contribuirá a incrementar el déficit del Fepc en $11 billones, intensificando aún más la presión económica sobre el gobierno y los ciudadanos. Al final del año, el déficit podría alcanzar aproximadamente $41 billones, lo que representaría cerca de 8% del presupuesto para 2025, estimado en $523 billones.

El aumento en los precios del diésel también tiene efectos significativos en el sector del transporte de carga. Los altos costos pueden amenazar la estabilidad económica de muchas empresas y la competitividad de los productos colombianos en el mercado internacional. Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, un aumento de 10% en los precios del diésel se traduce en un incremento de aproximadamente 0,3% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con un incremento proyectado de $6.000 en el precio del diésel, esto podría resultar en un aumento del IPC de hasta 1,8%, exacerbando la inflación.

El Fepc ha creado una camisa de fuerza fiscal que limita la capacidad del gobierno para implementar políticas fiscales flexibles y adaptadas a las condiciones económicas cambiantes. Aunque fue diseñado inicialmente para estabilizar los precios, ha generado un déficit fiscal en constante aumento, afectando la gestión de otros aspectos económicos y sociales.

A nivel internacional, los precios de la gasolina en Colombia están entre los más altos del mundo, ocupando el puesto 57 en una lista global. Esto es preocupante, ya que los países autosuficientes en petróleo no siguen la teoría de precios de paridad internacional, a excepción de algunos países europeos que han establecido precios superiores a los internacionales para financiar su desarrollo.

Instaurado bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez y respaldado por el FMI, el Fepc ha sido mantenido por todos los gobiernos posteriores, incluido el actual. Este esquema ha generado una estructura fiscal rígida que limita la capacidad del gobierno para gestionar de manera flexible y efectiva los precios de los combustibles.

Dada la acumulación del déficit y los impactos negativos en la economía y el bienestar de los colombianos, sería beneficioso considerar la eliminación del Fepc. Su existencia ha demostrado ser un obstáculo para una política fiscal más flexible y sostenible, creando una carga económica que afecta tanto a los ciudadanos como a la estabilidad económica del país.

Para abordar estos desafíos, es esencial que Colombia replantee su enfoque hacia el Fepc. La eliminación del Fepc permitiría adoptar una política de precios más transparente y ajustada a las realidades económicas del país. Es crucial establecer una política de precios que considere los costos internos ponderados con las importaciones, reducir la dependencia de precios internacionales y aumentar la capacidad refinadora. También se debe realizar un estudio detallado sobre los efectos de los precios de los combustibles en la inflación, la distribución de ingresos y la competitividad.