La deuda pública es un tema de suma importancia en la economía de cualquier país. Aunque el endeudamiento puede ser una herramienta útil para financiar proyectos de desarrollo y cubrir déficits presupuestarios, es esencial reconocer los riesgos asociados con niveles excesivos de deuda. Un país que se endeuda en exceso pone en riesgo sus finanzas públicas y enfrenta una serie de efectos negativos que repercuten en toda la economía. Esta situación no es exclusiva de Colombia; de hecho, muchos países alrededor del mundo mantienen altos niveles de deuda, lo que plantea desafíos significativos para su estabilidad económica y su capacidad para financiar políticas públicas y programas sociales.

En Colombia, el crecimiento de la deuda pública ha sido notable en los últimos años, aunque el monto exacto sigue siendo motivo de discrepancia entre diversas fuentes como la Contraloría General de la República, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Según los datos recopilados en la web de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, entre febrero de 2018 y febrero de 2024, se estima un aumento promedio anual de 13,50%. Para febrero de 2024, la deuda pública del país ascendía a $892,4 billones, con 65% de esta deuda interna y 35% externa.

Es fundamental destacar que una parte significativa de la deuda pública se concentra en Títulos de Tesorería (TES), representando un considerable 56,86% del total. Dentro de este grupo de TES, resalta el hecho de que los Fondos de Pensiones tienen una participación considerable, siendo responsables de aproximadamente 29,75% del endeudamiento total. Esta situación resalta la preponderancia de actores nacionales en la tenencia de la deuda interna, lo que subraya la influencia determinante de los fondos de pensiones en el panorama financiero del país. Este hecho merece una reflexión profunda sobre las implicaciones que tiene para la economía nacional, especialmente en términos de estabilidad financiera y sostenibilidad a largo plazo.

En relación con el servicio de la deuda, es alarmante observar que aproximadamente 20% del presupuesto se destina a este fin. Esta asignación considera una porción significativa para el pago de intereses y comisiones, lo que deja escaso margen para la amortización del capital adeudado. Para 2025, se proyecta destinar la considerable suma de $118,2 billones para cubrir el servicio de la deuda. Esta situación no solo refleja una carga financiera importante para el Estado, sino que también tiene graves repercusiones en la inversión en otros sectores prioritarios.

Ante esta situación preocupante y desafiante, surge la interrogante ineludible: ¿Con quiénes debemos negociar para abordar la deuda pública? ¿Con los organismos multilaterales o con los fondos de pensiones y otros sectores clave? Esta cuestión demanda una reflexión profunda y una estrategia integral que asegure la sostenibilidad financiera del país y fomente el crecimiento económico y el bienestar de la población en el largo plazo.