En un contexto económico donde el crecimiento es insuficiente para asegurar una recuperación sólida y sostenida, la política fiscal se convierte en la herramienta clave para intentar reactivar la economía. La administración Petro en Colombia ha adoptado este enfoque, priorizando un aumento significativo del gasto público para estimular la actividad económica. Sin embargo, esta estrategia aparentemente efectiva encierra un problema importante: el “efecto expulsión” o crowding out.
El efecto expulsión ocurre cuando un aumento desmedido del gasto público no solo falla en estimular el crecimiento económico, sino que también desplaza y debilita la inversión privada. Al absorber recursos financieros que de otro modo estarían disponibles para el sector privado, el gobierno limita la capacidad de las empresas para invertir, innovar y expandirse. Esta dinámica no solo afecta la vitalidad del sector privado, sino que también pone en riesgo el desarrollo económico a largo plazo del país, limitando su potencial de crecimiento y creación de empleo. En lugar de actuar como motor de recuperación, el gasto público excesivo podría conducir a la ineficiencia económica y a una pérdida de competitividad global.
En los últimos años, el gobierno colombiano ha incrementado significativamente el gasto público, una estrategia que inicialmente parece necesaria para estimular la economía. No obstante, esta expansión del gasto ha superado los límites de sostenibilidad fiscal. El gasto público, como porcentaje del PIB, ha aumentado a una tasa promedio anual de 5,47 puntos porcentuales. En 2019, representaba el 21.3% del PIB, y para 2024 se proyecta que alcanzará el 27.8%. Este crecimiento desmedido del gasto no solo resulta insostenible fiscalmente, sino que también ha llevado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Mhcp) a implementar medidas de corto plazo, como la reciente reforma tributaria destinada a recaudar 1% adicional del PIB.
Aunque estas reformas buscan abordar brechas fiscales inmediatas, ignoran el impacto negativo en el sector privado. Un entorno de alta presión fiscal puede sofocar la capacidad del sector privado para invertir, innovar y expandirse, exacerbando el efecto expulsión. La dependencia continua de medidas fiscales restrictivas y el aumento del gasto público están erosionando la confianza empresarial y limitando la capacidad de inversión del sector privado. En última instancia, esta dinámica puede comprometer la eficiencia económica y socavar el crecimiento sostenible a largo plazo, poniendo en peligro la estabilidad económica del país.
El incremento de la carga tributaria, que subió de 14,4% del PIB en 2022 a 16,7% en 2023, evidencia esta creciente presión. Este aumento de 2,3 puntos porcentuales del PIB ha creado un entorno adverso para los negocios, exacerbando el efecto expulsión y limitando aún más la capacidad del sector privado para invertir. La relación Inversión/PIB ha disminuido preocupantemente, pasando de 23% en 2015 a un estimado de 16% en 2024. Esta tendencia refleja una reducción significativa en la capacidad del sector privado para contribuir al crecimiento económico, con posibles repercusiones negativas a largo plazo.
Además, la política del gobierno actual, que ha mostrado reticencia hacia las alianzas público-privadas (APP), ha frenado proyectos clave en sectores estratégicos como infraestructura, energía y salud. La falta de apoyo a estas alianzas ha incrementado la dependencia del gasto público y reducido aún más el espacio para la participación del sector privado. Esta postura ha desacelerado el desarrollo de servicios críticos y afectado la confianza del sector privado, limitando su disposición a invertir en el país.
En este contexto, el efecto expulsión se manifiesta claramente. La creciente intervención estatal a través del gasto público y la presión fiscal ha desplazado la inversión privada, generando un doble impacto negativo: limita el crecimiento económico y reduce la capacidad de innovación en sectores clave. Aunque las políticas fiscales expansivas pueden ser necesarias en tiempos de crisis, su implementación sin una visión de largo plazo y sin control adecuado puede llevar a una pérdida de eficiencia y competitividad económica.
El desafío para Colombia es encontrar un equilibrio entre utilizar la política fiscal para reactivar la economía y evitar asfixiar al sector privado, que es esencial para el crecimiento económico sostenible y la innovación. La capacidad del gobierno Petro para diseñar políticas fiscales que no sacrifiquen la inversión privada determinará la dirección futura de la economía colombiana.