Internet es un derecho fundamental y los servicios de telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas popularmente como TIC, son un bien público. Sin servicios de telecomunicaciones y su infraestructura no hay Internet, pero Internet y servicios de telecomunicaciones sin TIC, no sirven. Estamos frente a un silogismo jurídico para la conectividad.

La siguiente reflexión es: ¿a qué tecnología tiene derecho el ciudadano? La respuesta es, a la mejor, la más asequible, la más reciente, a toda la que le permita ejercer sus derechos humanos en la forma que él quiera y con plenitud.

5G es la tecnología con más apoyo público para su nacimiento en la historia de las tecnologías móviles. La capacidad para modificar las cadenas de valor, innovar y construir nuevos mercados tecnológicos ha puesto en el centro de las políticas nacionales la liberación de esta tecnología y nueva política digital 5G.

5G es un acto sucedáneo en las generaciones tecnológicas, un hecho cultural y tecnológico resultado de la competencia económica y la innovación. Esta generación tecnológica ya nació con el signo de la desconfianza y, aun así, avanza más rápido en su despliegue que las generaciones tecnológicas que la precedieron.

¿Qué hace a una tecnología socialmente elitista o social? Los marcos legales y la política pública.

Espectro radioeléctrico. La política digital 5G del Estado Chino tomó el espectro radioeléctrico y lo entregó con obligaciones de cobertura y sin obtener una retribución económica a China Unicom, China Mobile y China Telecom. La intención fue masificar el uso de esta tecnología y democratizar su acceso a todos los ciudadanos, particularmente los más pobres.

Estados Unidos liberó la mayor cantidad de espectro de su historia, con un precio superior a los 80 mil millones de dólares, con el mercado por delante y las inversiones de T-Mobile, Verizon y AT&T realizando un despliegue épico y US$100.000 millones para conectar a 20 millones de no conectados. Dos modelos distintos de despliegue de infraestructura.

Si la tecnología genera economía digital, democratiza el acceso a bienes y servicios y habilita derechos humanos, se debe reconocer que tecnologías avanzadas generarán mayores estados de bienestar, empleo, salud, educación y seguridad pública.

5G puede caer en esta espiral perversa. Se piensa que 5G es para la industria y las empresas. No es cierto. Igual que cualquier tecnología, habilita derechos humanos y bienestar digital. Desde hace varios años Intel, Qualcomm, Ericsson, Huawei y Nokia han presentado casos relevantes de uso social: aula conectada 5G, hospital 5G y de entonces a hoy han surgido oportunidades en materia de seguridad pública 5G y campo 5G.

La verdadera amenaza es la falta de comprensión pública sobre 5G y que deje al mercado las prioridades de rentabilidad, empleos, conectividad, habilidades digitales y competitividad. El abandono al mercado marginará a los ciudadanos.

La razón estructurada bajo forma de creencia ideológica no puede estar sobre el derecho al desarrollo digital y humano del ciudadano. El problema no es la generación tecnológica 5G, es su acceso a precios que destruyen la economía de los operadores y dejan al mercado, los beneficios de ciudadanos y empresas.

El enemigo de los derechos digitales, de la innovación y la competitividad tienen un nombre: altos precios del espectro.