La llegada de la primera revolución digital de nuestra sociedad nace en un entorno de miopía pública, suspicacia global, enfrentamiento geopolítico, multitud de disciplinas jurídico-económicas mezcladas e innovación acelerada, propiciada por la nueva infraestructura digital, sus componentes, así como por la adopción masiva de la Inteligencia Artificial.

Este 2024 será un año de mayor intensidad en los terremotos geopolíticos. Europa continuará su desenfrenada carrera sobre-regulatoria y será un año difícil en materia de innovación, startups, unicornios y caja para los operadores de telecomunicaciones del viejo continente.

Estados Unidos seguirá liderando la frontera tecnológica, la innovación y la maquila de procesadores de cómputo, software, política de espectro e Inteligencia Artificial. China, por su parte, quiere vender su industria y tecnología al mundo, ahora con una poderosa industria automovilística eléctrica y generar soluciones digitales prácticas para cada vertical de la economía.

La industria de procesadores (chips) y la Inteligencia Artificial van de la mano y crecen aceleradamente. Lisa Su, CEO de AMD, predice que el mercado de los chips aceleradores de Inteligencia Artificial crecerá más de 70% anualmente y superará los US$400.000 millones.

OpenAI y Sam Altman invirtieron en la startup Rain, creadora de chips para Inteligencia Artificial. La intención es adquirir chips inspirados en el cerebro humano, denominados neuromórficos. Viene un cambio de paradigma sin precedente, que impactará transversalmente a toda nuestra sociedad.

Por ello, el análisis del fenómeno digital requiere una aproximación multidisciplinaria compleja, de materias jurídicas y económicas que hasta hoy estaban separadas, pero que, en el análisis serio del recurso digital, es vital conocer.

La gobernanza de lo digital hoy comienza por lo jurídico.

Por esa razón, esta columna, a partir de hoy se llamará “Derecho Digital”. Aquí continuaré con mi análisis del comportamiento de la sociedad digital, usando diversas materias como derecho administrativo, competencia económica, protección al consumidor, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales, derecho de las telecomunicaciones, derecho informático, política pública, ciberseguridad, derecho económico, geopolítica y derecho constitucional. Continuaré promoviendo el enfoque de “constitucionalismo digital” como eje, al deliberar sobre derechos digitales.

La sujeción de la tecnología digital en todas sus expresiones, incluida la Inteligencia Artificial, a la ley, será el mayor reto de nuestra sociedad, particularmente por la toma de decisiones aceleradas en todas las áreas del conocimiento humano y su impacto en los derechos humanos y la economía. En consecuencia, el derecho internacional se enfrentará a:

La necesidad de regular ex ante, en el mismo proceso de programación y diseño algorítmico.

La necesidad de someter al marco jurídico y sus distintas especialidades, las acciones tomadas por esta tecnología.

Al reto de enfrentarse a un marco jurídico internacional fragmentado y con distintas interpretaciones sobre lo que son los derechos fundamentales, la regulación, la política pública y dominados por poderosos intereses económicos, geopolíticos y donde Colombia y lo latinoamericano queden atrapados.

Estamos frente al reto de la mayor conversación global de nuestra civilización.