Estamos atrapados entre lo políticamente correcto y lo que no sirve, lo que merma. Perdemos tiempo justificando, explicando y limpiando culpas, mientras tenemos ciudadanos desconectados,
Hasta hace unos cuantos años, el mundo del derecho de las telecomunicaciones era un espacio frío, habitado por el derecho administrativo, la administración pública y la política pública. Poco queda de esa óptica que se nutre hoy de la economía, las finanzas, la protección de datos, del derecho del consumidor, del derecho de la competencia económica, la ciberseguridad e incluso la geopolítica.

Es imposible hablar de esta materia sin pensar en el componente digital. La sociedad analógica, como la conocemos, migra su actividad a una sociedad digital donde se genera igualdad, equidad, habilitación de derechos fundamentales y economía digital.

Este mundo sólo es posible gracias a la infraestructura más poderosa en la historia de la civilización: la infraestructura digital. Sin ésta no hay derechos digitales, no se combate la pobreza, no hay igualdad, seguridad, justicia, educación, seguridad pública, ni finanzas digitales. Sin infraestructura digital la política pública se vuelve lenta y tarda años en verificarse. En el mundo digital, los avances de la política pública se verifican en meses y años, no en lustros ni décadas.

Pero la infraestructura digital está bajo ataque. Se habla profusamente y bien del mundo digital, pero se soslaya la infraestructura de conectividad. Se construyen narrativas épicas de mundos posibles, pero no apoyamos el despliegue de esta infraestructura. Ganamos premios internacionales en materia de gobierno digital, construimos un lenguaje popular de éxitos digitales, pero distorsionamos el mercado, lo volvemos confuso, injusto para todos, incluidos los operadores. De repente los operadores se vuelven terribles y con mala fama pública. Necesitamos una dosis de realidad.

El tamaño. Tenemos hambre de escala para ser eficientes. Brasil, con 220 millones de habitantes, consolidó su mercado de operadores de telecomunicaciones a tres de cuatro. México tiene dos operadores y los precios más bajos fijo y móvil de la región. Estados Unidos en plena pandemia se consolidó a tres operadores y China, para 1.300 millones de habitantes tiene tres operadores.

Europa tiene un PIB telecom un poco más bajo que EUA y 60 operadores descapitalizados. Colombia tiene el Arpu más bajo de la región y la mayor cantidad de operadores telecom, públicos y privados de América Latina. Poco dinero para muchos.

Precio del espectro radioeléctrico. Colombia tiene el segundo precio del espectro radioeléctrico más caro de América Latina, sólo por debajo de México. El razonamiento es sencillo, precio de espectro caro, menos infraestructura de telecomunicaciones, menos sociedad digital. El dinero de la inversión en infraestructura digital se lo lleva el gobierno a otras prioridades.

Asequibilidad. Colombia, desde hace siete años, está en el top cinco del ranking de los países más asequibles de Internet en el mundo.

Todo suena extraño, pero así es. No es sexy como el mundo de Internet y las plataformas, pero la infraestructura digital en Colombia se enfrenta a muchos operadores públicos y privados que distorsionan el mercado, los ingresos más bajos de la región y el precio del espectro más caro del cono sur.

A pesar de eso, el milagro de la asequibilidad existe para los conectados, pero no para los desconectados. Se está matando el estímulo para el despliegue de la infraestructura más poderosa de nuestra civilización, la digital, y con él, el acceso a una sociedad más justa, igualitaria y competitiva.