Si no está roto, no lo arregles. España y ahora México, buscan que empresas como Uber, DiDi, Beat, Rappi y otras aplicaciones reconozcan a sus socios como trabajadores. Un tema mas cercano al populismo digital, que la defensa de derechos.

Plataformas de movilidad. De la destrucción del trabajo a la innovación. Aplicar legislación y regulación en materia laboral en Reino Unido y España ocasionó la transformación de un buen servicio en uno mediocre en estos países y la pérdida de trabajo de más de 30.000 trabajadores en España con la Ley Rider.

La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha tenido que explicar en todos los foros las desastrosas consecuencias de su política contra estas plataformas. El proyecto más importante de la ministra no ha logrado que los casi 30.000 repartidores tengan un contrato con sus plataformas, pero casi logra desaparecer este negocio y que 10.000 riders estén sin empleo durante 2021.

Por si fuera poco, la Ley Rider entrará en choque directo y desaparecerá con la directiva del Parlamento y del Consejo Europeo sobre la mejora de las condiciones de trabajo en las plataformas de trabajo, otra sobre-regulación con principios distintos y que tendrá consecuencias aún más graves.

El caso más reciente es la ciudad de Ginebra, Suiza, con la empresa Uber Eats. Un caso documentado y analizado de forma exhaustiva. Derivado de diversos litigios y sus sentencias, se estableció la obligación, para esta empresa, de asociarse con contratistas independientes y “trabajar con un operador de flota externo que intermedia y contrata mensajeros como empleados programados tradicionales que tienen para trabajar turnos fijos”.

El efecto inmediato: 1.000 trabajadores expulsados de este modelo de negocio y, un año después, “una reducción estimada de 67% en los trabajadores”. La demanda de entregas se redujo 42% de los pedidos, “debido a tarifas de entrega más altas y tiempos de espera más largos”.

El drama político, fue que “79% de todos los mensajeros que perdieron el acceso a la aplicación, permanecieron desempleados seis meses después”. Desastre empírico.

El efecto inmediato de estas iniciativas, es la expulsión masiva e inmediata de mujeres y hombres que encontraron un ingreso superior al que tenían, ingresos adicionales al de su trabajo principal y mejorar la calidad de vida de su familia, con flexibilidad, legalidad y seguridad. Tendrán horarios, ganarán menos y perderán su libertad profesional

El siguiente efecto secundario será en las pymes del barrio, donde habilitan la economía de tiendas, loncherías, papelerías, farmacias, hasta restaurantes medianos, de franquicia y fábricas. Un efecto negativo en el sector más frágil de la economía.

Tenemos un problema de identidad en la política pública. En vez de hablar del impacto positivo de estas plataformas en la economía, la recaudación fiscal ordenada; y cómo, respetando la innovación digital, los gobiernos ha generado más empleos que ninguna política laboral hace 30 años; de como fomentar su crecimiento y expansión; prefieren imponer leyes que generan desempleados y destruyen valor social y económico.

¿Quieren mantener el modelo analógico de taxis? ¿Quieren sindicatos? ¿Quieren mantener monopolios en aeropuertos y barrios, distorsionando el sistema de competencia del transporte? Que lo digan.

¿Para qué conectar digitalmente, si después destruyen la innovación?

El desprecio a su propio éxito.