“¿Los colombianos merecen precios justos y buena conectividad móvil?” Sí. “¿WOM y otros operadores pequeños deben ser defendidos por el Presidente y el Gobierno para que los colombianos sigan teniendo opciones y bajas tarifas?” No. Debe ser defendido el proceso de competencia, sus buenas prácticas, la ética y transparentar dinero público cuando lo hay. Se debe acreditar con evidencia empírica.

“Defiende los precios bajos y la libertad para que los colombianos puedan elegir”. Colombia ya tiene el ingreso promedio por usuario más bajo de América Latina. “No permitas que WOM y otros pequeños operadores sean eliminados” ¿Por qué? No es responsabilidad del usuario defender a ninguna empresa si esta falla en su inversión, despliegue de tecnología, calidad y si goza de dinero público para operar.

“¡Apoya esta petición dirigida al Presidente y al Gobierno para proteger los precios bajos para los usuarios colombianos, no a las ganancias de las grandes empresas!”. Las entidades que protegen a los ciudadanos y al proceso de competencia son las vinculadas a la protección del consumidor y los órganos de competencia económica. Una carta al Presidente, busca politizar un hecho y obtener un apoyo político ilegítimo y fuera de proporción al esfuerzo de inversión que deben realizar las empresas. WOM, como todas las empresas, no es hermana de la caridad, busca generar utilidades.

Estas preguntas y la respuesta que agrego son parte de una carta que esta empresa presenta en su sitio. No conozco una acción parecida en toda América Latina. La manipulación, el engaño y el abuso de recursos públicos, son una estrategia que busca ocultar errores propios y malas decisiones.

Esta empresa ha sido apoyada por el Gobierno reestructurando la deuda pública adquirida en la licitación 5G. Sus obligaciones de pago e inversión en infraestructura digital para conectar y generar inclusión digital entre los colombianos, fue pospuesta varios años.

Es decir, el dinero que se esperaba recibir por el uso del espectro radioeléctrico para 5G, no lo recibirán los colombianos, ni la esperada conectividad pronto. La confianza pública otorgada y las obligaciones adquiridas fueron traicionadas y se tuvo que realizar una gestión que la favoreciera, en detrimento de los ciudadanos y su derecho de acceso a internet.

El derecho de acceso a internet y la habilitación de los derechos humanos en el mundo digital que esta empresa debería garantizar -con el despliegue de nueva infraestructura- está pospuesto. Al aceptar un proceso de reestructura de sus obligaciones, se acepta ipso iure, la marginación digital de los colombianos.

¿Resultado? La empresa necesita sobrevivir y necesita un malo, un culpable público que explique su incapacidad y al que la sociedad responsabilice por su situación. WOM señala que “La empresa resultante de la fusión entre Tigo y Movistar, junto con Claro”, lo son.

Falso, la consolidación de operadores en Brasil, México, China y EUA ha generado mejores anchos de banda móvil, inversiones y baja de precios: Hay escala.

La competencia justa se hace con inversión, pagando el espectro y desplegando infraestructura. Esta empresa tira los precios del mercado para favorecer su flujo de efectivo, descapitaliza el sector y castiga a los colombianos no conectados. Cada mega obsequiado es con dinero público y cada carta firmada, convalida una traición a Colombia y sus ciudadanos.