El Gobierno nacional anunció la creación de una Comisión para la Reforma a la Justicia. El ministro de esa cartera, Néstor Osuna, busca impulsar varios cambios con diferentes proyectos de ley que juntos lograrían una necesaria reforma al sistema de justicia. Algunos cambios inclusive buscan actualizar ciertos artículos de la Constitución. El ministro, al mejor estilo de los técnicos de la Selección Colombia, realizó una diversa convocatoria de 34 expertos.
En esta convocatoria por parte de jueces y magistrados estarán Blanca Arellano, magistrada del Tribunal Superior de Pasto, Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, María Gutiérrez, jueza penal de Infancia y Adolescencia de Cali, Belkis Izquierdo, vicepresidente de la JEP, Xinia Navarro, jueza Primera Penal del Circuito de Facatativá, y Fredy Machado, juez Primero Penal del Circuito de Cartagena. Los sindicatos estarán representados por Jairo Amézquita y Luis Fernando Otálvaro de Asonal Judicial, y William Millán, presidente del sindicato de la Procuraduría. Como representantes de entidades habrá miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la JEP, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Fiscal general de la Nación, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y delegados de la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria la complementan profesores, columnistas y expertos en el tema como Ramiro Bejarano, Germán Vargas Lleras, Francisco Bernate y Alfonso Gómez Méndez, entre otros.
Ojalá este grupo logre interpretar algo básico y fundamental que sucede actualmente con la administración de justicia en nuestro país. Las normas y leyes están bien, lo difícil es aplicarlas. No se necesitan más leyes, se necesitan más personas. Actualmente cualquier despacho en el país se encuentra desbordado. Para una ágil y correcta aplicación de las normas se necesitan más profesionales capacitados. Esto requiere por supuesto una adición presupuestal significativa. Hay abogados del país que cuentan que tienen audiencias programadas para julio, septiembre y hasta octubre del año entrante. De esta forma no avanza ningún proceso. En Fiscalía, por ejemplo, hay un investigador trabajando para seis o siete fiscales al tiempo. Cada fiscal de esos tiene cientos de casos en simultánea. No es culpa de los juzgados, la realidad es que hay demasiado trabajo frente a muy pocos despachos y funcionarios.
Un elemento que es necesario discutir en la lluvia de ideas es el real papel de la Procuraduría General de la Nación. Es bastante cuestionable los dientes que tiene como órgano de control. Hay ilustres que piensan que se debe acabar del todo, hay voces que cuestionan, por ejemplo, su papel en los procesos penales, ya que es un órgano administrativo. Otro elemento a discutir es el uso de las tecnologías y la virtualidad o presencialidad en las audiencias. Creo que no podrán abstraerse de la realidad pues la llegada de herramientas de inteligencia artificial abre una compuerta grande al fraude procesal. Me parece buena iniciativa siempre y cuando el ministro Osuna ponga como prioridad la consecución de recursos económicos en el primer punto de la agenda. ¡A luchar por la justicia!