Hace exactamente cuatro años escribí en este espació “Que me multen a mí también” describiendo un fenómeno que no se ha resuelto. La guerra que se desató hace años en varios países entre taxistas tradicionales y Uber. Colombia no fue ajena a esa realidad de cambios tecnológicos y de hábitos. Recuerdo haber recibido amenazas públicas de líderes de gremios de taxistas. Invitaron a no observar los programas de televisión en los que trabajaba en esa época, a no leer ni distribuir por la red mis columnas de opinión. Me señalaron de “bandido” y me acusaron de promover prácticas “ilegales” con mi escrito, apenas una opinión, protegida por el artículo 20 de la Constitución. Sigo pensando y opinando lo mismo que hace cuatro años.
Esta semana el exsuperintendente de Industria y Comercio del gobierno anterior, Pablo Felipe Robledo, conocido por diferentes decisiones contra carteles organizados, oficialmente desde su oficina de asesoría legal en nombre de la Alianza In, demandó ante el Consejo de Estado la circular 15 de 2020 de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Esa decisión ordena a las autoridades a actualizar el “Plan Estratégico de Vigilancia y Control del Cumplimiento de las Normas de Transporte y Tránsito”, que incluye sanciones a quienes hagan transporte “ilegal”. En la práctica la circular muy poco se ejecutó. Los operativos de policía de las grandes capitales se esfumaron, tal vez por las cuarentenas, y porque el mercado, con su mano invisible como diría el famoso economista y filósofo escocés Adam Smith, fue el que se encargó de demostrar que hay trabajo para todo el mundo.
Una cosa es lo que diga el plan en un documento que nadie consulta. Otra cosa muy diferente son las necesidades de la gente de movilizarse en ciudades caóticas como Bogotá, Cali o Medellín. Sumado a eso, las plataformas tecnológicas son una opción real de trabajo para miles de familias, que estoy seguro representan muchos más que los trabajadores del servicio público de taxis tradicionales. Robledo estima que entre Uber, Cabify, Didi y Beat ya hay casi 750.000 personas que dependen de esa actividad.
No se si Robledo tendrá éxito en su iniciativa ante el Consejo de Estado. La discusión jurídica sigue siendo igual: definición de servicio público de transporte contra definición de servicio privado de transporte con sus diferentes modalidades y condiciones. Creo que todo se solucionaría muy fácil si todo taxista pudiera tener acceso a esas plataformas y viceversa. Que el conductor pueda elegir una o varias formas de conseguir a sus clientes. De hecho, he montado en autos donde el conductor tiene varios servicios instalados entre tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos para coger la carrera más favorable dentro del campo de acción.
Al final la gente quiere trabajar y este es un modelo que se ha probado en el mundo como una alternativa al empleo formal, con condiciones de trabajador independiente. Llevamos dos gobiernos que siguen muertos del susto de las amenazas de los taxistas. Decisiones basadas en el miedo que no dejan avanzar. Superintendentes y ministras que miran para otro lado es lo que menos necesitamos. Llevo años usando esos servicios, y a pesar del título de aquel escrito no me han puesto la primera multa.