A falta de un debate en el Congreso colombiano de la iniciativa de cadena perpetua para violadores de menores, llamó la atención que por ningún lado oímos la de la posibilidad de que esa reforma pueda caerse en la Corte Constitucional, bien sea por que va en contravía de nuestra carta constitucional, por vicios de trámite o por la abierta polarización que existe entre los magistrados para cualquier tema que debaten. Voy a exponer mi opinión desde un punto de vista estrictamente económico, sin tener en cuenta consideraciones emocionales, religiosas, sociales o culturales. Seguramente habrá lectores que no logran desligar sus creencias personales y todas muy respetables, pero sí pediría que al menos al leer el mensaje no haya reacciones fundamentalistas, que es lo que menos necesita el país en este momento.

Todos coincidimos en que hay una amplia mayoría de la sociedad que busca endurecer los castigos para violadores de menores. Hay algunos congresistas que se han preocupado por evidenciar que no se ha hecho algo importante a nivel de disminuir la impunidad que existe alrededor de este tipo de delitos. La nueva ley que se apruebe seguramente no va a cambiar mucho el modus operandi de esos seres enfermos y diabólicos, capaces de hacerle daño a un menor de edad. Desde que Gilma Jiménez comenzó hace años con la idea, venimos oyendo los debates en medios de comunicación y en las instituciones como Congreso o Concejo de Bogotá. Líderes de opinión, madres de familia, sectores interesados como Red Pa Paz y otras voces vienen trabajando insistentemente en evangelizar y promover un endurecimiento en las penas.

El debate permite analizar también los costos económicos de implementación. Un condenado a cadena perpetua le cuesta al país una suma de dinero importante, hasta que muere en prisión. En algunos estados de EE.UU. en donde existe legalmente el mecanismo de la pena de muerte, el racional es totalmente económico. Supongamos un caso de un delincuente que la sociedad no quiere suelto, y que sabemos que difícilmente se va a curar. ¿Cuál sería la razón para gastar cifras millonarias en su salud, alimentación y el costo administrativo de recluirlo durante años, si hay la posibilidad de llevarlo a una ejecución? La pena de muerte resulta ser la fórmula más económica, aunque la otra tiene la connotación de estar enmarcada en una situación cualitativa bien diferente. Repito que es una mirada puramente de economistas. ¿No debería una sociedad invertir en otro lado esos recursos, salud, educación o alimentación en personas vulnerables o las mismas víctimas? Creo que inclusive las familias de las víctimas podrían recibir una indemnización económica equivalente al costo de un preso en cadena perpetua a valor presente neto.

No alivia en nada el dolor, pero ayudaría en el sentido del mensaje que se da como sociedad y como Estado. Imaginen un preso por violación de menor que sea capturado y encarcelado a los 30 años, se queda a vivir en la cárcel hasta los 70 años o más, edad promedio que se usa en los cálculos actuariales. ¿Cuánto le vale eso a la nación? Es desproporcionado y no resiste análisis económico. Sé que poner a hablar al país de una iniciativa de pena de muerte vs. cadena perpetua es en este momento inviable tanto en el legislativo como en la Corte Constitucional. La reflexión queda es para que veamos cómo decisiones que se van a tomar llevan a nuevos escenarios de gasto elevado y potencial desfinanciación.