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El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y la Fiscalía General de la Nación han venido destapando poco a poco pruebas que vienen desde EE.UU. Las grabaciones conocidas son demoledoras. Los protagonistas son ahora exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los ”señores”, si es que se les pueden llamar así, Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino quedaron en evidencia, por supuestos pagos para favorecer a congresistas en sus procesos. Todo negociado por integrantes de una red de intermediarios. Mucho más que inaudito, inadmisible.

Un ciudadano cualquiera se imaginaba que la rama judicial incluía ciertas realidades y dificultades internas. Llevamos años oyendo de la “inminente” necesidad de una reforma a la justicia. Cada año hay procesos trabados por las extensas vacaciones judiciales o paros de los miembros de la rama. Los usuarios de las EPS, especialmente pacientes que deben reclamar medicamentos de alto costo, sufren el tortuoso proceso de interponer tutelas para ser atendidos. El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y sus cuestionados asesores jurídicos se encargaron de demostrarle a los colombianos la forma inmediata de colapsar y empapelar el aparato con tutelas simultáneas. Después del caso Petro muchas empresas y personas naturales acuden al truco de interponer varias tutelas, a ver en que juzgado les resulta. El sistema no ayuda y es fácil entorpecer. Si hay millones de por medio, mucho más fácil embolatar.

Los fallos de Tribunales, las salas del Consejo de Estado, las decisiones de la Corte Constitucional, los autos, los pronunciamientos, los largos textos de los jueces de la República, las investigaciones del Consejo Superior de la Judicatura, las segundas instancias, todo eso quedó después de esto en una gran duda. No es posible ahora creer a ciegas en alguna decisión judicial. Los abogados de las diferentes oficinas y bufetes hablaban siempre en privado de la mecánica de la justicia en Colombia. Sencillamente el abogado más hábil es quien tenga mejores contactos y más dinero de sus clientes para “voltear” una decisión. Todo es revisable, todo es pagable. Les falta llenarlo de ofertas como “pague uno lleve dos”.

Entre Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besaile se supone “engrasaron” a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por una cifra que supera US$2 millones. Con el caso viejo de Fidupetrol y la famosa revisión de tutela por la Corte Constitucional se supo de la tarifa del exmagistrado Jorge Pretelt y del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil con una cifra de más de $500 millones. ¿Magistrados y honorables juristas? Nada de eso. Unos cafres y comerciantes mercantilistas puros. La justicia no difiere de ir a negociar unos zapatos o un televisor a San Andresito. ¿Quién da más? ¿Cuánto es lo menos? Si así es en las altas cortes, no se quiere uno imaginar cómo es en un despacho de un juez en un pequeño municipio.

Lo más repugnante de todo es que independiente del dinero que cruzan por favorecer, entorpecer o voltear una decisión, luego buscan la manera de torcer las leyes o ubicar los casos detallados en unas zonas grises del derecho con teorías a veces traídas de los cabellos para retorcer el lenguaje y escribir los fallos al acomodo del cliente. ¿Cómo sigue hoy un estudiante de derecho que inicia creyendo en la teoría romántica inventada por los romanos? No le van a dar ganas de llegar a la Cloaca Suprema de Justicia.