Control de advertencia a la Contralora

Jorge Hernán Peláez

Recientemente la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la cuestionada elección de Sandra Morelli como Contralora General de la República. La elección había sido demandada por el abogado Diego Carvajal, quien sostenía que la funcionaria no cumplía con el requisito de cinco años de servicio en el sector público para su elegibilidad. Con ponencia del magistrado Alberto Yepes, el tribunal decidió que unos meses de trabajo en la Federación de Cafeteros eran suficientes para completar el requisito. A diferencia de lo ocurrido con la fiscal general, Viviane Morales, Sandra Morelli va a seguir en su cargo, y ahora más fortalecida con la decisión.

Se requieren más funcionarios en el Estado colombiano como Morelli. Desde su despacho y con decisión ha abierto investigaciones por presunto detrimento patrimonial a grandes compañías, así como a entidades del propio Estado. En las telecomunicaciones, por ejemplo, Morelli decidió destapar un viejo problema de la industria de la televisión cerrada: el subreporte y la subfacturación. Descubrió miles de millones de pesos dejados de cobrar por la extinta y tristemente célebre Cntv al revisar cifras de empresas como Global TV, Súper Cable, UNE, Colombia Telecomunicaciones y Telmex. También recordemos que llamó a juicio de responsabilidad fiscal a cinco ex comisionados de televisión y a Caracol y RCN por unos recursos generados irregularmente en el fallido proceso del tercer canal.

En la salud destapó las presuntas irregularidades de las EPS que compraban medicamentos al por mayor y terminaban cobrando al Estado como si los hubieran adquirido al detal. Se descubrió una posible "mafia" de algunos empleados de las compañías que se ponen de acuerdo para facturar los medicamentos a precios exorbitantes. Morelli señaló a las gigantes Saludcoop, Sanitas, Coomeva, Famisanar y la estatal Caprecom, entre otras. Además, adelanta una profunda investigación en la Nueva EPS que dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Donde más ha generando resistencia su actuación, ha sido en las investigaciones a miembros de las salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Las pensiones de los magistrados resultó ser un tema espinoso que nadie había querido tocar, así como las extrañas compras de tiquetes aéreos y gastos de funcionamiento donde se evidenciaron deficiencias en los procedimientos de contratación.

El país necesita ahora resultados de estas investigaciones. Algunos funcionarios de la Fiscalía han dicho que las investigaciones que envía la Contraloría son flojas y no les dan pruebas suficientes para avanzar en el terreno penal. Inclusive algunos empresarios de los sectores en mención (que están siendo investigados) señalan que la Contralora es muy efectiva ante los medios de comunicación para hacer sus anuncios pero que a la hora de tomar las decisiones no lo es tanto, y algunos casos puntuales han quedado en una especie de "limbo". Con la decisión del Consejo de Estado, se espera que haya un mayor  enfoque en los resultados de tantos anuncios.

De nada sirve "vender" los temas en la prensa si al final las investigaciones terminan en archivo. La actitud y decisión de Morelli es loable, pero algunos excesos y frecuentes pronunciamientos mediáticos, muchos sin pruebas contundentes, la pueden llevar a una situación inmanejable, por eso, la prudencia debe ser ahora su mejor arma.  El siguiente paso será entonces  "cerrar" los temas, porque como en el fútbol los partidos se juegan hasta el último minuto.

Ñapa: En un derecho de petición enviado a la CRC, Comcel hace unas acusaciones a los miembros de la entidad y sugiere que pudieron haber incurrido en un delito penal. Recordemos que en la CRC están, no solo los comisionados, sino el director de DNP y el ministro TIC Diego Molano. El escrito curiosamente va firmado por el penalista Jaime Lombana, quien años atrás fue contratado por el recién despedido presidente de Comcel Adrian Hernández. En ese momento Lombana defendió a Hernández de Comcel y logró gestionar la paz entre las partes que ya comenzaban a amenazarse mutuamente con demandas. Curioso cómo piensan algunos abogados: un día actúan de contraparte de una empresa y otro día de apoderados de la misma.