El miércoles pasado en la Comisión VII del Senado se hundió definitivamente el Proyecto de Ley que buscaba una reforma a la salud. El resultado de la votación resultó ser un duro golpe para el gobierno que traía esa iniciativa como una gran bandera del Pacto Histórico desde la campaña en 2022.
Hace dos semanas los nueve senadores que votaron por el archivo del Proyecto habían anunciado su voto públicamente. El gobierno no tuvo la capacidad, ni el oxígeno político para cambiar alguno de esos votos. Una derrota cantada, que infortunadamente desencadenó decisiones que ahora resultan ser peores que la enfermedad.
Llamó la atención de los que siguieron la transmisión en vivo de la sesión que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendiera de una manera romántica e idealizada al tristemente célebre Instituto de Seguro Social.
Tan disparatado argumento resulta infortunado, especialmente cuando el país ha visto que en la última semana con las decisiones de intervenir a la Nueva EPS y Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, el gobierno lo que quiere es quitarle a toda costa la posible participación de las empresas privadas al ecosistema de salud. No tienen ni la financiación, ni la infraestructura, ni los médicos, ni los servicios de enfermería para hacerlo completamente desde el sector público.
No se nos puede olvidar que para más de 80% de la población la calidad de las EPS es buena. Esta cifra sale de una encuesta realizada por el propio Gobierno, pero que convenientemente olvidaron incluir en el debate. En un estudio adelantado por la Universidad del Rosario, publicado por el reconocido doctor Andrés Vecino, se evidencia que una liquidación de un EPS genera un incremento de hasta 25% de la mortalidad en la línea base. Este estudio tampoco lo incluyeron en el debate. Aunque el paso que se ha dado por parte del gobierno es el de la intervención por ahora, ya los colombianos tenemos suficiente ilustración con nefastos casos de la historia con los casos de Saludcoop, Cafesalud, Medimás y otras varias.
Las intervenciones han generado reacciones inmediatas de los gremios involucrados como Andi, Aliadas y Acemi. Las señales de alarma están totalmente prendidas, especialmente sumando al sector salud las realidades de lo que pasó en el caso de los pasaportes, el muelle 13 del Puerto de Buenaventura y otros episodios en donde empresas privadas pierden concesiones. Ya se pasó del discurso cargado de ideología a la acción de frente. El gobierno va a seguir, en donde pueda, metiendo la mano en diferentes sectores de la economía.
El camino que estamos recorriendo de pasar de únicamente del mundo de la narrativa a decisiones concretas de intervenir, inducir, generar crisis, ejecutar y eventualmente expropiar, es el mismo camino que recorrió Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez. Empresas del sector bancario, operadores de telecomunicaciones, servicios de transporte y otras están en la mira.
Hay que tener mucho cuidado con las posibles futuras actuaciones de otra temida Superintendencia que es la de Industria y Comercio. Es bien sabido que la funcionaria designada en ese despacho tiene una misión específica: debilitar con investigaciones y multas a la mayor cantidad de compañías que se pueda.