El quiebre total

En abril de este año me referí en este mismo espacio a la crisis de la Nueva EPS, en un texto preliminar denominado “Muerta EPS”. Los estados financieros de la entidad para los años 2023 y 2024 finalmente fueron publicados. Este inexplicable retraso pasó por las manos los diferentes miembros del gobierno que nunca se dieron cuenta de que su responsabilidad es la de garantizar la vida de seres humanos. Cada nuevo elemento en cuanto al manejo del sector salud me permite reforzar la idea de un genocidio, cuando un estado por ineficiencia y, a sabiendas, toma decisiones administrativas que afectanuna población de riesgo, en este caso los miles de pacientes de alto costo. Algunos de ellos infortunadamente ya murieron en el camino. Es inaudito que la publicación de los estados financieros tenga que ser a los trancazos publicados porque una decisión judicial lo ha obligado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El último agente interventor - de muy cuestionable reputación - ex alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, terminó dando la cara con explicaciones que únicamente generan más dudas que respuestas. Ospina asegura que tuvieron que “reconstruir” la historia de más de 10 millones de facturas, cuello de botella que casi no logran solventar. En esa bolsa de facturas había servicios por pagar inclusive del año 2008, época en la cual todavía no se había desplegado el sistema de facturación electrónica.

Al revisar el último período disponible, con dos períodos completos de intervención por parte del gobierno saliente, al cierre de 2024 la Nueva EPS obtuvo ingresos ordinarios por $22,2 billones de pesos. Por otro lado, el costo de prestación de servicios de salud ascendió en el mismo período a $26,4 billones de pesos. Solo esas dos cifras nos comprueban que los expertos siempre tuvieron razón en el argumento de que la Unidad de Pago por Capitación UPC se debe recalcular ya que a simple vista es insuficiente. Recordemos que la UPC es el valor anual fijo que el Estado colombiano reconoce a cada EPS por cada afiliado para garantizar los servicios de salud. Los gastos administrativos fueron de $0,5 billones de pesos, un 2,5 % de los ingresos, concluyendo en una pérdida anual de $4,8 billones de pesos. Con las mismas cuentas a cierre de 2023 se presentó una pérdida anual de $6,5 billones de pesos.

Lo grave es que la pérdida se va acumulando hasta llegar al punto que se puede inferir actualmente y es que para cuando se conozcan las cifras de 2025 la entidad ya estará totalmente quebrada. El nuevo gobierno encuentra un monstruo de siete cabezas que se encuentra en total insolvencia para seguir operando. Hoy en patrimonio negativo hay más de $10 billones de pesos. Si o si se requiere una capitalización, privatización o fusión. Un ejemplo más de porqué los estados no deberían administrar sino regular. Los que saben hacer bien el negocio siempre serán los privados. El quiebre total va más allá del flujo de caja, es el quiebre de familias enteras que nunca volverán a ver a sus seres queridos, víctimas de este genocidio. Ya sabemos quiénes son los responsables. Ojalá la nueva administración logre recuperar las vidas que hoy están en riesgo y penalizar adecuadamente a todos los salientes funcionarios irresponsables.